El Senado analizó la reforma judicial con la presencia de la ministra Losardo

Política

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales se reunieron por videoconferencia para escuchar la exposición de ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, sobre el proyecto de ley que ingresó la semana pasada al Congreso.

El proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno comenzó a ser analizado este martes en el Senado, con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo. La funcionaria inauguró las audiencias que continuarán durante las próximas semanas.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales se reunieron por videoconferencia para escuchar la exposición de Losardo sobre el proyecto de ley que ingresó la semana pasada al Congreso.

Al tomar la palabra, la ministra de Justicia de Alberto Fernández ratificó que el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno "tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente" y que la respuesta a su conflicto "llegue en un plazo razonable".

Losardo, remarcó esta tarde en el Senado que el proyecto de reforma judicial apunta a unificar a los jueces federales y a los penales económicos existentes en un nuevo fuero y que "las causas en trámite continúan con el mismo juez".

La ministra precisó que con el proyecto, la "nueva estructura queda con 23 jueces penales federales de la Ciudad de Buenos Aires, al unir a los 12 jueces de hoy con los 11 jueces penales económicos".

Además subrayó que "las causas en trámite continúan con el mismo juez" pese a la unificación y la creación del nuevo fuero Penal Federal de la Ciudad de Buenos Aires y que "continuarán los tribunales orales también con las mismas causas", mientras que "las nuevas serán sorteadas entre los 23 juzgados".

En el marco de una exposición punto por punto del proyecto, la funcionaria aseguró que "se tuvo en consideración que el número de delitos en los que interviene la Justicia Federal ha aumentado considerablemente".

Además, indicó que apunta a resolver "problemas de jurisdicción" y que se busca "que los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente y en un plazo razonable".

Abierta la rueda de preguntas, desde la oposición, el senador Esteban Bullrich pidió que el proyecto de reforma judicial también sea girado a la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta. "Además, quiero saber cuál es el costo que tiene la reforma y cuál es su plazo de tiempo", consultó.

En tanto, la senadora por Córdoba del PRO, Laura Rodríguez Machado, le preguntó a la ministra "por qué interpreta que crear cargos es la única manera de acelerar la justicia e impedir la morosidad. También quiero saber por qué motivo no se ha incorporado a opinar a la oposición".

A su turno, el senador oficialista, Oscar Parrilli, consideró que la reforma judicial que "eleva el presidente no va a resolver todos los problemas de la Justicia pero es el inicio para comenzar a solucionarlos con franqueza y sinceridad. Decir que no es oportuno me parece más una excusa".

En tanto, su compañera de bancada, la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, llamó a la oposición a apoyar este proyecto. "Necesitamos también de la oposición para que entre ambos decidamos cuáles son las mejores herramientas para la Justicia que necesitan todos los argentinos", indicó.

La ministra Losardo respondió que "esta reforma está concebida en partes y por etapas. Por ejemplo, la fusión del contencioso federal civil y el comercial federal no significa ninguna erogación, es una fusión" y agregó: "no es que no tenemos en cuenta el costo, pero la Justicia no es un gasto, es una inversión. Si tenemos expedientes que tardan 10 o 15 años tenemos que pensar entonces en el costo de esa Justicia ineficiente".

"Hay que invertir en justicia, como hay que invertir en educación. Este es el momento para debatirlo, y es una oportunidad para fortalecer la democracia", continuó.

Al cierre, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, coincidió en que “la justicia es una inversión”, pero indicó que en la Argentina es necesario “definir prioridades”. “Con la pandemia, hay una sociedad aislada, quiebran los comercios, la desesperación de la gente pasa por otro lado", explicó.

"Este proyecto tiene capítulos enormes de trampas y de atajos para la impunidad. Trampa e impunidad", agregó.

Por último, el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, destacó que "la inversión en el Poder Judicial no llega al 1.5% del presupuesto, por lo tanto, no es ningún problema, no hay excusas”.

“Es indispensable y necesario que la Justicia funcione. . Ojalá podamos llegar a un acuerdo porque es una gran oportunidad para tener una Justicia transparente", concluyó.

La intención del oficialismo y de la oposición es agrandar el debate con la presencia de especialistas convocados por ambas bancadas para llegar a la firma del dictamen que podría hacerse en la tercera semana de agosto. De ese modo, la idea sería que el proyecto llegue al recinto de sesiones antes de septiembre, para que a partir de ese mes pueda ser debatido en la Cámara de Diputados.

El Frente de Todos, que goza de una holgada mayoría en el Senado, confía en poder avanzar hacia la aprobación del proyecto en pocas semanas, pero se espera un debate intenso con Juntos por el Cambio, que ya adelantó su rechazo cerrado a la iniciativa.

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio anticiparon que se oponían a la propuesta del Ejecutivo a través de un comunicado que difundieron este lunes. En el documento calificaron la decisión como una "desconexión de lo que deberían ser las prioridades del gobierno en el actual escenario".

"Eso no tiene otra explicación que la puesta en marcha de un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo", señala el documento.

Si bien el oficialismo podría aprobar el proyecto con bastante celeridad y sin cambios, valiéndose de la mayoría que ostenta, el trámite podría trabarse en la Cámara de Diputados, donde los números están mucho más ajustados.

El proyecto que presentó el Presidente la semana pasada tiene entre sus objetivos principales unificar y duplicar los juzgados federales y designar un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

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