Hiperactividad del “tridente”, nuevo interventor y juzgado “asesorado”

Política

Batería de fallos de amplio espectro, pero la política deberá esperar a después del 14-N. Nuevo director para obra social intervenida hace sonar a Tonon. Exministros de Vidal ahora “asesoran” en Contencioso y sigue durmiendo tribunal clave para la “competencia”

La campaña –por más sosa que sea, manda. Por eso ninguna de las causas verdaderamente relevantes para la política se definirán antes del 14 de noviembre. Sin embargo, esta ventana electoral permite observar los primeros movimientos del “tridente” de la Corte Suprema –Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz- que en su primer mes buscó mostrarse hacia afuera hiperactivo y ecuménico hacia el mundo judicial. A la nutrida agenda de presidencia de reuniones con camaristas se le sumó una dinámica infrecuente en el cuarto piso del Palacio de Tribunales: no fue raro ver a los ministros ir a buscar a sus colegas a la propia vocalía y marchar juntos a la de un tercero para conversar. Eso antes no ocurría. Sin embargo, lo que no cambió fue la frialdad con el Gobierno. Tras el recambio de autoridades no existieron (todavía) llamadas ni pedidos de audiencia de ninguno de los referentes principales del Poder Ejecutivo o del presidente Alberto Fernández. Ni siquiera del jefe de Gabinete nuevo, Juan Manzur.

El principal obstáculo para el primer mandatario es hoy leer la dinámica de la Corte a través de la interpretación que hacen los medios de ella. Sentencias de amplio espectro dominaron la semana pasada. Penal, laboral (guarderías), de la seguridad social, un conflicto por una expropiación entre Ciudad y Nación, cannabis medicinal, son algunos de las materias que abordó la batería de decisiones que firmaron con mayorías “móviles” y varios votos “concurrentes”, es decir en el mismo sentido pero con improntas personales. Hubo cierto intento de mostrar una Corte que apuesta a reconstruir una seguridad jurídica allí adónde la van a buscar aquellos que leen entre líneas.

Lo cierto es que en menos de quince días, regresarán las reuniones de acuerdo presenciales, luego de que Elena Highton de Nolasco haga efectivo su retiro. Allí regresarán -tras 20 meses- a verse las caras, en vivo, tanto el trío de la nueva mayoría como Ricardo Lorenzetti, volcado cultivar un perfil académico tras mostrarse díscolo a la resolución de la presidencia que también ambicionaba. El primer efecto de la partida de Highton será la dispersión de su vocalía, algo que ocurre con frecuencia cuando los ministros abandonan el máximo Tribunal y no hubo construcción de puentes previos con otras vocalías del cuarto. Parece ser el caso.

En el medio, mientras los gremios por un lado y la Asociación de Magistrados por el otro proponían candidatos a dirigir la Obra Social del Poder Judicial, la Corte resolvió nombrar un nuevo director: el doctor Mariano Althabe. Lo hizo a través de la resolución N° 2223 del 15 de octubre, en sus facultades para nominar a los tres directores que prevé el estatuto y estaban vacantes. Althabe no es un amateur. Sus antecedentes pueden rastrearse en cargos directivos de la obra social del Personal Marítimo, y también como secretario de Salud del partido de Esteban Echeverría y subsecretario en Almirante Brown. Roce de gestión no le falta. En principio, se quedaría hasta el 14 de abril del año próximo. La estabilidad de Aldo Tonón, en este contexto, es similar a la de una silla de plástico en plena sudestada. La resolución para el nombramiento fue firmada por todos menos Lorenzetti.

A la par, conformaron la comisión que realizará la auditoría sobre la obra social con dos abogados, dos médicos y dos contadores. Su presidente será Luis Clérici, a cargo también de la Dirección Jurídica General de la Corte. Los galenos provienen del propio Cuerpo Médico Forense. Entre los contadores, se designó a Gustavo Montanini, miembro del tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y quien fuera designado veedor por el juzgado de Julián Ercolini para el caso Oil Combustibles. En el juicio oral, el profesional declaró que la acusación había llevado adelante un análisis contable erróneo o incompleto para sostener la correlación entre la deuda tributaria y los préstamos entre compañías. Consideró “imposible” asignarle rigor técnico a esa evaluación. ¿Lo más importante para el mundo judicial? La prórroga de contratos para cámaras y juzgados.

El Consejo de la Magistratura mira de reojo a la Corte. Como adelantó Ámbito, descuentan un fallo que declararía inconstitucional la actual conformación de 13 miembros con el reparto que le asigna a la política un supuesto desbalance, regresando al formato de 20. El propio Lorenzetti confirmó que el caso está en carpeta para una definición inminente durante una entrevista radial. Algunos creen que la decisión puede llegar en la bolsa de regalos de Papá Noel. Y es que tampoco le viene mal a la política: suman legisladores por la segunda minoría (algo que podría beneficiar un escenario fragmentado en el Congreso pos elecciones) y agregan número para académico, abogados y jueces. Todos felices. Pero este fin de semana fue comentada la visita relámpago de dos consejeros a la Asamblea Plenaria de la XX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana en representación de la Argentina para un evento que contó con 23 países participantes. Los abogados Carlos Matterson y Diego Marías -el hombre de Horacio Rodríguez Larreta en el Consejo- viajaron a Panamá, sede del evento. Lo jocoso del comentario fue que Marías preside justamente la Comisión de Administración Financiera del Consejo y que debió ir precisamente a Panamá, una jurisdicción laxa en controles para lo financiero.

Pero si Rodríguez Larreta -en su perfil preparatorio como candidato presidencial- tiene claro con qué armadores cuenta en el Consejo no parece ser lo mismo a la hora de vincularse con el cuarto piso del Palacio luego del recambio de autoridades. Como la del oficialismo, esa brújula le quedó imantada y hoy también quedó lejos del centro de poder de Talcahuano 550. Sus pasos serán clave por el calibre de litigios que aguardan para la agenda 2022 y que involucran, entre otros, el reclamo por la coparticipación y que ahora suman el controvertido poder de revisión por parte del TSJ porteño a los fallos de Cámaras Nacionales, que cerró la grieta pero al revés, para cuestionarlo.

Mimetizado en los reposicionamientos, llamó la atención cierta hiperactividad del juzgado Contencioso Administrativo Federal a cargo de Esteban Furnari respecto a un tema que fruto de la restricción externa ha sido motivo de preocupación para el Gobierno: la autorización judicial de las SIMI, como se denomina al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. Todo el fuero ha sido permeable a repartir cautelares a quienes litigan contra frenos administrativos, pero la estadística es apabullante respecto a tres, con Enrique Lavié Pico a la cabeza. Sin embargo, lo que en despachos oficiales ven como una “aduana judicial” que saltea frenos impuestos por AFIP y el BCRA -que debe soltar los dólares para traer productos con licencias no automáticas- derivó en una denuncia velada de “fórum shopping” que tendrían como metodología los estudios que presentan los amparos. Lo que se desconocía hasta ahora es que en particular en el juzgado de Esteban Furnari se comenzó a visualizar que varias presentaciones contaban con la asesoría y consulta de un importante exministro de la gestión de María Eugenia Vidal al que no se lo tenía en el radar de cuestiones judiciales. Fue corrillo en el propio fuero siempre a la sombra pero con un protagonismo ineludible.

Mientras está en boga la discusión por el congelamiento de precios y el oficialismo resucita como descubrimiento la concentración de empresas y los denominados “oligopolios”, continúa dormida la activación de la Autoridad de la Competencia (regulada por ley durante el Gobierno de Mauricio Macri y modificada para facilitar su designación por parte de esta administración) como herramienta para monitorear con facultad sancionatoria aquellas prácticas que el oficialismo denuncia. Lo mismo ocurre con el nombramiento de jueces para la sala especializada del Tribunal de la Competencia con autoridad judicial para revisar esas decisiones. Fusiones, monopolios, cartelización y todo lo más sensible para el mundo empresarial forman parte de sus competencias. El listado de candidatos está disponible desde enero de este año y las ternas siguen a la firma de Fernández.

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