19 de noviembre 2020 - 00:00

"Notables": full pack de reformas judiciales

Tal como adelantó Ámbito, no hubo propuesta de ampliación de Corte y se votó por 6 a 5 "mayoría absoluta" y no dos tercios para designar Procurador (con plazo de 5 años). Además, "fórmula 4x4" para Consejo (menos políticos)

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Exactamente en los términos que había adelantado Ámbito en su edición del martes, el Consejo Consultivo de juristas elevó ayer su informe al presidente Alberto Fernández. Sin estridencias y también sin acto formal, el documento de más de 700 carillas fue acompañado por un resumen ejecutivo de 64 páginas con los resultados del debate de estos 90 días de reuniones virtuales. En lo general, no se planteó ampliar la integración de la Corte Suprema ante la resistencia de la mayoría de los consejeros para avanzar en ese sentido. Pero sí se analizó modificar su funcionamiento y la cantidad de casos que recibe anualmente mediante la creación de un tribunal intermedio que podría ser de sentencias arbitrarias, un formato de supremo tribunal federal o de Casación para la Justicia federal no penal. Para cada uno de los ejes, se detalló la metodología aplicada y se compilaron los “dictámenes” entre los consejeros, y quienes decidieron no opinar sobre un tópico.

Paridad de género, integración federal y pluralismo ideológico fueron recomendadas para la integración de la Corte como parámetro. Más de una audiencia pública para la designación. También abordaron la obligatoriedad de audiencias públicas en casos de “trascendencia institucional” con visión federal y que podrían ser solicitadas por distintos actores de la vida política. También se anotó la idea de que a principio de cada año, la Corte fije su agenda de casos a resolver. Con un espíritu académico, varias de las posiciones de los consejeros no fueron complementarias, sino que hicieron foco en detalles jurídicos del proceso, (ejemplo de ello fue el apartado por la ampliación o no de la competencia originaria de la Corte) lo que no se sabe si será recogido por el Ejecutivo en algún proyecto de ley modificatorio. Se inscriben allí muchas recomendaciones entre las que está que la Corte se desprenda de la Dajudeco y que reciba auditoría de sus finanzas de la AGN. Cada consejero expuso su visión de la solución a los problemas planteados, lo que hace del documento al que accedió Ámbito un prospecto de posibles reformas, según qué decisión adopte el Ejecutivo para mejorar los procesos. Como había posiciones a favor, las había en contra de cada propuesta. A veces, parece un diálogo entre propuestas.

El informe abordó cuestiones relativas al per saltum y a su resolución, “inteligencia artificial y small data” fueron sugerencias dirigidas a la Corte para su aplicación.

Para el Consejo de la Magistratura fijaron postura por 16 miembros representando 4 estamentos equivalentes y con presidencia rotativa por 1 año. La dedicación exclusiva puede o no tener a los legisladores como consejeros o a sus representantes. También hubo debate en torno al manejo presupuestario que había adelantado Ámbito, dejando en cabeza del Consejo el manejo de los fondos. Clave. La Corte conservaría, en este diseño, la superintendencia pero sólo para su estructura. Estas posturas estuvieron contra argumentadas por otras en los detalles. Hubo apartado para los concursos y la modificación del puntaje para no beneficiar siempre a los candidatos del ámbito judicial. Los puntajes y su peso en el total se elaboraron en un cuadro explicativo. Agregan una audiencia pública ante el pleno. La perspectiva de género atravesó de manera transversal las recomendaciones. También, reducen a un año la duración de los procesos disciplinarios, en lugar de los actuales 3.

Para el Ministerio Público la decisión de los consejeros es avanzar en el sistema acusatorio federal, con la figura de un “Fiscal General Coordinador” en cada distrito, a lo que se podría sumar una “policía judicial”. Para el procurador, la postura mayoritaria es limitar por 5 años el mandato (renovable) y reducir requisito de dos tercios a mayoría simple del Senado. Se mantiene ese requisito para destitución. No deberían coincidir con años de elecciones ejecutivas. Pero la Procuración incorporaría a la Oficina Anticorrupción dentro de su estructura, lo mismo que podría pasar con la Unidad de Información Financiera.

Se recomendó al final implementar el juicio por jurados por ley en materia federal, con sus aspectos particulares, como la elección de los jurados y la valoración de la prueba. Por último, en la transferencia de la Justicia nacional, que se ponga un plazo límite de 3 años para su finalización. Y hasta se adentran en cómo deberían ocurrir los traslados de jueces, de acuerdo al último fallo de la Corte.

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