Kirchner-Ibarra: también se unen por el Casino Club

En la relación, tan estrecha, entre Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra hay quienes comienzan ya a sospechar ese tipo de amalgama. ¿Es verdad que entre el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad, además del afán por «imponer un proyecto político», como confesó el Presidente, existe otro tipo de proyecto, cuyos borradores administra el jefe de Gabinete Alberto Fernández? Es lo que se reitera, día a día, en el opaco ambiente del juego: allí las versiones, en general divulgadas por quienes se verían perjudicados por estos planes, afirman que Fernández es el administrador de un convenio que estarían por firmar la Lotería Nacional Sociedad del Estado y el Gobierno de la Ciudad y que aprobaría la Legislatura local. Por ese acuerdo, el distrito que comanda Ibarra resignaría las facultades que viene reclamando ante la Justicia para «regular, administrar y explotar los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas...» como establece la Constitución de la Ciudad Autónoma. La eventual cesión de esas facultades a la Lotería sería compensada con la asignación de esa Sociedad del Estado a la Ciudad con parte de lo que se recaude por la instalación de «máquinas tragamonedas». El relato -producto de una mente demasiado imaginativa o demasiado informada-concluye así: ese convenio permitiría blanquear las aproximadamente 600 máquinas instaladas desde el año pasado en el Hipódromo de Palermo y administradas por la empresa Casino Club.

Para entender las afinidades que, según se comenzó a sospechar, habría hoy entre Kirchner, Ibarra, Alberto Fernández y López, conviene reconstruir la poco edificante historia de las máquinas tragamonedas en la Ciudad de Buenos Aires. El primero en ver el negocio, al parecer, habría sido Samuel Liberman. No era para menos: no sólo fue uno de los «descubridores» de las potencialidades de la TV por cable sino que se trató en su momento del elegido por Alfredo Yabrán para apostar a varios negocios en común. Entre 1999 y 2000 se habló mucho del desembarco de Liberman en el sector de los juegos de azar, comprando casi todas las salas de bingos y agencias hípicas porteñas. Siempre se sospechó que esa incursión sólo podía ser rentable si se habilitaban esos locales para la explotación de tragamonedas. Esta interpretación se volvió más verosímil cuando Fernando de la Rúa, cuyas vinculaciones con Liberman fueron en su momento escandalosamente públicas, el 27 de abril de 2001 firmó un decreto (Nº 494/2001) por el cual se permitía la explotación de máquinas tragamonedas, que en el texto aparecieron mencionadas con el eufemismo de «juego de lotería de resolución inmediata». Para la historia de la liviandad administrativa quedarán los argumentos expuestos en los considerandos de ese decreto como, por ejemplo, que «el Estado debe estar a la altura de las circunstancias».

¿Fue Antonito de la Rúa gestor informal de ese decreto? ¿Hubo alguna contraprestación para su emisión? Sobre el tema hay tantas habladurías como las que se refieren a las relaciones entre Cristóbal López y Kirchner. Lo único verificable es que la diputada Alicia Castro (amiga personal de la pareja gobernante en estos días), se presentó ante la Justicia e interpuso un recurso de amparo contra el Decreto Nº 494 de De la Rúa. Consiguió que se declarara nulo el decreto pero, no conforme con eso, denunció penalmente a Fernando de la Rúa ante el juzgado federal de Sergio Torres. ¿Qué habrá sucedido con esa causa?

Tres semanas después de que ese decreto se firmara, Aníbal Ibarra firmó uno (Nº 695/2001) en el cual instruyó al Procurador General de la Ciudad a promover acciones judiciales y extrajudiciales para preservar para su jurisdicción la administración y explotación de los juegos de azar y apuestas mutuas. La instalación de máquinas tragamonedas en la ciudad de Buenos Aires se convirtió en materia de un complicado enredo judicial. El negocio que habría alentado Liberman quedó ahogado. El 10 de enero de 2002 la jueza Clara Do Pico declaró nulo el decreto de De la Rúa por avasallar las atribuciones de la Ciudad sobre el juego. Sin embargo el juez federal de La Plata, Julio Miralles, autorizó la instalación de ese tipo de máquinas en la provincia y se declaró también con competencia para hacerlo en la ciudad de Buenos Aires.

La por entonces Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, actual titular del área de Derechos Humanos de la Cancillería, interpuso un recurso y logró que se anulara la disposición de Miralles, a quien se le inició juicio político. Un fiscal del crimen se llevó el material instalado en bingos y agencias hípicas.

Es aquí donde entra en escena Jorge Rossi, responsable de la Lotería allí donde Eduardo Duhalde gobierne (es su candidato a intendente en Lomas de Zamora). El 12 de setiembre de 2002, el directorio de Lotería Nacional SE a su cargo, firmó una resolución por la cual autoriza a la empresa Hipódromo Argentino de Palermo SA a explotar máquinas tragamonedas con la excusa de que de ese modo podría pagar el canon que, al parecer, debe desde hace 10 años, cuando se le concedió la explotación de ese «circo».

La empresa que administra el hipódromo convocó a Casino Club, la empresa atribuida por la prensa de Río Gallegos a Cristóbal López, que instaló en Palermo 80 máquinas tragamonedas, que en poco tiempo fueron 600. Mientras tanto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ratificó que es la ciudad la que debe administrar el negocio del juego y el mismo criterio adoptó el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.

Becerra se expidió el 27 de mayo de este año, dos días después de la asunción de Kirchner. Por eso llama más la atención un par de hechos. Primero, que Ibarra se mantuviera en silencio sobre la presencia de las máquinas tragamonedas de Casino Club en Palermo, cuando semejantes pronunciamientos ratifican sus derechos sobre ese ramo de gobierno.

Segundo, que el pasado 15 de agosto el Boletín Oficial publicó la resolución por la cual Lotería Nacional autorizó a la concesionaria del Hipódromo para que la empresa atribuida a López y que regentean Benedicto y Cruz agregue a su plantel otras 150 máquinas. La medida se basa en aquel decreto firmado por De la Rúa, que tantas objeciones judiciales acumula. Ibarra, sigue guardando silencio.

Esta última Resolución (Nº 152/2003) fue firmada por los directores de Lotería Nacional Jorge Alvarez, Andrés Cimadevila y Alberto Armentano. Los tres dependen de Alicia Kirchner. La ministra de Acción Social y hermana del Presidente no tiene, al parecer, relación alguna con Cristóbal López, más allá de que su esposo Armando «Bombón» Mercado explote oleaginosas en Catamarca (como dicen que hace López) y haya sido dependiente de Diego Ibáñez ( habría sido amigo personal de López, igual que de Yabrán) en el SUPE de Santa Cruz. En cambio Alvarez, quien viene de regentear la Lotería de Acción Social de la Provincia de Santa Cruz, sí conoce bien a Casino Club, ya que fue el responsable de otorgarle la concesión del casino de Río Gallegos. ¿Sucederá lo mismo con el chubutense Cimadevila y el mendocino Armentano? Los dos vienen de provincias donde Casino Club tienen desarrollo.