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Los cuatro supieron ayer cuál es el rumbo que el Presidente le intenta dar a la reapertura de los juicios contra militares acusados de delitos en la represión clandestina de las guerrillas en los años '70:
1) Concentrará el problema en la Suprema Corte de Justicia, a la que presionará para que declare en algún momento la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. O sea levantar el tema del Congreso y evitar una derrota legislativa, o por lo menos una gresca que puede herirlo a él.
2) Impedir las extradiciones en masa que rechaza la opinión pública tocada en este punto por el rechazo de la acción de jueces extranjeros pero, llegado el caso, firmar algunas extradiciones selectivas de ex militares que ya han sido juzgados y condenados, pero indultados por Menem.
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