La Cámara alta aprobó por casi unanimidad la Ley de Tierras
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"Esta ley únicamente está contemplando los aspectos especulativos pero no avanza en los aspectos productivos", agregó Cimadevilla.
En sintonía, el también radical Gerardo Morales consideró que "es muy bueno que se dé el debate para regular la extranjerización de las tierras" porque "la ausencia de normativa y política termina generando situaciones en perjuicio del país".
El bloque de la UCR votó a favor del proyecto en general, aunque propuso modificaciones en particular que no fueron aprobadas.
Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani consideró que esta ley "es un paso adelante" y votó a favor, pero advirtió que "debe completarse con una ley integral de uso y tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico".
En el mismo sentido, el senador del Frente Amplio Progresista (FAP) Jaime Linares también votó a favor pero consideró que "el apuro y la imposibilidad de agregar o modificar conceptos que mejoren la redacción, hacen que esta buena iniciativa tenga insuficiente alcance y no tenga buena calidad legislativa".
La ley establece que la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros no podrá superar el 15 por ciento del territorio nacional y se fija el mismo límite en relación con el total de tierras rurales de cada provincia y de cada municipio.
En el texto también se establece un límite máximo para una misma persona o empresa extranjera de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (el sector más productivo de la pampa húmeda) o de una extensión equivalente en el resto del país.
Además, prohíbe al capital extranjero la titularidad de las tierras "que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes", así como "los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera".
La ley afecta a las personas físicas extranjeras que no tengan domicilio real en Argentina y las personas jurídicas cuyo capital social en proporción sea superior al 51 por ciento.
El proyecto también crea el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por ese ministerio e integrado por las carteras de Agricultura, Defensa, Interior, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y representantes de todas las provincias.
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