La presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni no cerró el frente judicial que enfrenta el jefe de Gabinete. Por el contrario, abrió una nueva etapa de análisis por parte de la fiscalía y el juzgado, que ahora deberán determinar si los bienes y fondos incorporados recientemente fueron omitidos de manera deliberada en las presentaciones originales, y si el funcionario tenía capacidad para comprar los Bitcoins que dice haber comprado, y la trazabilidad de esas operaciones.
En ese contexto, la investigación podría sumar una figura penal adicional a la de presunto enriquecimiento ilícito. Se trata de la omisión maliciosa en declaraciones juradas, una conducta prevista en la ley de Ética Pública para aquellos funcionarios que oculten bienes, activos o información patrimonial que debían informar ante los organismos de control.
La figura aparece ahora en el radar judicial luego de que Adorni reconociera activos que no figuraban en las declaraciones previas y presentara documentación rectificativa para incorporar más de medio millón de dólares cuya existencia no había sido consignada originalmente.
La diferencia entre ambas figuras es sustancial. Mientras el enriquecimiento ilícito busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado respecto de los ingresos conocidos del funcionario, la omisión maliciosa se concentra en el eventual ocultamiento de información que debía ser declarada, independientemente de que el origen de los fondos sea o no lícito.
La pena prevista para este delito es significativamente menor que la contemplada para el enriquecimiento ilícito. La normativa establece sanciones que van desde quince días hasta dos años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en caso de condena.
Por eso, una de las cuestiones centrales que deberá resolver la investigación será si la incorporación tardía de los fondos responde a un error administrativo, como sostienen sectores cercanos al funcionario, o si existió una decisión consciente de excluir esos activos de las declaraciones originales.
Manuel Adorni Diputados
Manuel Adorni dio detalles de su declaración jurada.
Mariano Fuchila
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó acceso urgente a la declaración jurada correspondiente a 2025 y a todas las rectificaciones realizadas por Adorni. El objetivo es contrastar esa información con los cruces patrimoniales que realiza el Ministerio Público Fiscal junto a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).
La fiscalía también busca reconstruir la capacidad económica que tenía el actual jefe de Gabinete al momento en que asegura haber realizado inversiones en criptomonedas. El análisis apunta a verificar si los ingresos declarados en aquellos años resultaban compatibles con los montos invertidos y con la evolución posterior de su patrimonio.
Ese punto aparece como uno de los ejes centrales de la investigación. La defensa de Adorni sostiene que buena parte de los fondos incorporados provienen de operaciones realizadas entre 2013 y 2018 y de ahorros acumulados junto a su esposa antes de ingresar a la función pública. Sin embargo, la Justicia busca corroborar documentalmente cada uno de esos movimientos.
La presentación de las declaraciones rectificativas tampoco disipó otro interrogante que sobrevuela la causa. Durante meses, el funcionario sostuvo públicamente tanto en el Congreso como en sus conferencias de prensa en Casa Rosada que su situación patrimonial estaba en regla y que no existían inconsistencias en la información presentada. La aparición posterior de bienes omitidos modificó ese escenario y sumó nuevos elementos para el análisis judicial.
