La Corte reclamó que se agilicen las causas por violaciones a los DDHH

El máximo tribunal resolvió ampliar una secretaría de superintendencia para monitorear los expedientes y pedir informes a los jueces.

La Corte Suprema de Justicia decidió crear una unidad especial para el seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos y exhortó a los jueces inferiores a tomar medidas urgentes para acelerar los procesos, en medio de la polémica por el lento avance de los juicios a represores de la última dictadura.

La iniciativa busca impedir que se produzcan nuevos fallos como el que ordenó la libertad de los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta y otros 19 represores, que generó un fuerte cruce de acusaciones por la responsabilidad de cada poder del Estado en la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal.

En este contexto y mediante una acordada, la Corte también convocó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al Ministerio Público a coordinar medidas complementarias para agilizar el trámite de estos procesos.

El nuevo sistema que del que se valdrá el Tribunal para hacer un seguimiento de las causas, será un organismo especial denominado "Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad", que tendrá la posibilidad de requerir informes a los jueces sobre la evolución de los litigios complejos.

De esta forma, a la Corte, le concernirá el monitoreo del estado de los trámites -para evitar su dispendio y superposición-

y de la dedicación de los jueces, para garantizar que las causas concluyan en plazos sensatos sin incurrir en una injerencia indebida en las incumbencias de los magistrados inferiores.

A su vez, la Corte le encomendó al Consejo de la Magistratura de la Nación que tome medidas para poder brindar los recursos humanos y materiales a los tribunales que tramitan este tipo de procesos, y en ese sentido a poner en marcha el Plan de Informatización Judicial para digitalizar las causas.

Por otra parte, la Corte elaboró un informe sobre el estado de evolución de las causas vinculadas a la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, y en él consideraron que se deben crear más tribunales orales para llevar adelante los juicios.

Al respecto, recordaron que en julio pasado le había solicitado al Ministerio de Justicia de la Nación la creación de dos tribunales orales más de los que ya existen en la Capital Federal, teniendo en cuenta que sólo uno de ellos, el Tribunal Oral Federal Número 5, tiene a su cargo las dos causas más importantes en ciudad: la ESMA y Primer Cuerpo de Ejército.

Es por ello que -según el informe- "hay una insuficiencia de jueces, cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de informatización, de salas de audiencias, y de otros recursos adecuados".

Según la Corte, las dificultades en el avance de expedientes está dada, entre otras, por "problemas en la constitución definitiva de los tribunales orales, inconvenientes en la designación de jueces sustitutos, defectos en la elevación de las causas, oposición de las querellas a que se realicen juicios por hechos aislados y diversificación de las denuncias para que se investiguen en los juzgados próximos a los lugares donde ocurrieron los hechos".

"Existe falta de recursos que debe suministrar el Consejo de la Magistratura, como el equipamiento informático, grabadores, mejoras edilicias. Es fundamental el desarrollo del plan de justicia digital", añadieron los jueces en el informe.

La decisión de la Corte se dio a conocer luego que semanas atrás la Sala II de la Casación ordene el cese de las prisiones preventivas que venían cumpliendo una veintena de represores, entre ellos Astíz y Acosta, puesto que ya se habían vencido los plazos de tres años que fija la ley como límite.

Si bien ese fallo fue revocado, la presidenta Cristina Kirchner acusó entonces a la Justicia por el lento avance de estas causas, mientras que el ministro de la Corte Carlos Fayt recordó que el Congreso tiene la posibilidad de aprobar un proyecto de ley que simplifique recursos y abrevie el trámite de esos litigios tras la caída de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos.

De acuerdo al último informe de la Unidad Fiscal de seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, hay 371 represores que están detenidos a la espera de una resolución sobre su situación procesal o una sentencia de condena.