La palabra del obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, que fue de alguna manera determinante para atizar el conflicto social en Santa Cruz, se convertirá ahora en la voz de la paz social. Al menos eso es en lo que confía el flamante gobernador Daniel Peralta, amigo personal del religioso y habitual visitante de la mina de carbón de Río Turbio, donde el mandatario ofició de interventor desde 2004.
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Alejado el fin de semana de la escena y trasladado hacia el norte de la provincia en misión pastoral, Romanín dejó en manos de su segundo, el vicario de la diócesis, monseñor Carlos Angel, la tarea de acordar ayer con el gobierno los primeros pasos del diálogo con los gremios que acelera Peralta.
«Le pidió Peralta que la Iglesia se sume a la mesa de diálogo asumiendo un rol de construcción de la paz social», confió un hombre cercano al gobernador que asumió el viernes en reemplazo del renunciado Carlos Sancho.
Pero el ex interventor en Río Turbio quiso dejar algo bien claro: la presencia de la Iglesia Católica será imprescindible en la negociación, pero será responsabilidad del Estado santacruceño la resolución del interminable conflicto salarial.
Dos semanas antes de que Kirchner ungiera oficialmente a Peralta como gobernador de su provincia, este ex sindicalista había llegado a Olivos poniendo varias condiciones a su eventual nombramiento. Una de ellas era precisamente sumar al obispo salesiano a cualquier instancia de diálogo; una alternativa que disgustó al Presidente porque entonces su relación con el prelado estaba al rojo vivo, igual que con el resto de la Iglesia.
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