La Iglesia pretende fiscalizar elecciones

Enemigos íntimos, Jorge Bergoglio y Néstor Kirchner se han declarado abiertamente la guerra en las urnas. El prelado ya alistó a sus obispos para que, bajo la excusa de cumplir con su rol institucional, estén atentos a los actos de clientelismo político en cada una de sus provincias. La primera escala de esa odisea de enfrentamientos será la elección de jefe de Gobierno porteño, el 3 de junio, fecha en la que el cardenal espera anotarse su segundo triunfo electoral -luego del de monseñor Joaquín Piña en Misiones- junto con Jorge Telerman y Elisa Carrió. El arzobispo de Buenos Aires espera llevar su fórmula a un ballottage con Mauricio Macri y denunciar todos los actos sucios de campaña que se produzcan en la Capital Federal.

Jorge Bergoglio encabezó en Pilar una de las más politizadas asambleas plenarias del Episcopado. Alertó sobre el aborto, la educación, el federalismo, el clientelismo político, las dádivas y la exclusión social.

Primero fue Misiones, donde con el aval de Jorge Bergoglio, un obispo frustró la reelección indefinida del gobernador kirchnerista Carlos Rovira. Luego en la Capital Federal, el cardenal logró articular una coalición opositora entre Jorge Telerman y Elisa Carrió. Y ahora, el Episcopado comenzó a desplegar una nueva estrategia que apunta a convertir a los obispos en fiscalizadores de las elecciones que habrá este año en todas las provincias del país. El plan, previsto por la cúpula del Episcopado desde que Joaquín Piña frenó, en medio de una ola de denuncias de clientelismo político, el intento de reforma constitucional de Rovira en Misiones, se dio a conocer el sábado pasado en el cierre de la 93 Asamblea Plenaria del Episcopado en Pilar.

Contemplativo y calculador, el jesuita preparó el escenario ideal para poder desplegar su estrategia. Primero viajó al Vaticano a recomponer relaciones con la Secretaría de Estado, ahora a cargo de Tarcisio Bertone -el vínculo se había deteriorado durante la gestión de Angelo Sodano-, y la semana pasada encolumnó hasta a los sectores más dialoguistas del Episcopado detrás de su liderazgo. El fin de semana, los obispos de todo el país reclamaron que se dejen de lado «prácticas demagógicas y presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva», en la campaña electoral de este año. Un golpe dirigido al hígado de Néstor Kirchner luego de la escandalosa experiencia de Misiones. Bergoglio advirtió entonces que la Iglesia Católica debería tener un rol mucho más activo en el control « institucional» -término empleado por el Episcopado para maquillar sus incursiones políticas- del gobierno. «La trascendencia del acto eleccionario exige una gran transparencia, que lo aleje de prácticas demagógicas y presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva, que desvirtúan su profundo significado y degradan la cultura cívica. Por otra parte, es obligación del ciudadano controlar la gestión del gobernante», fue la clara exhortación política de los obispos.

Otro dato: no hubo esta vez ninguna exhortación al diálogo con el gobierno, como ocurrió en noviembre del año pasado durante la última reunión plenaria del Episcopado. Bergoglio dio por cerrada su ronda de diálogo con las autoridades nacionales luego del desprecio que Alberto Balestrini y Daniel Scioli le propinaron en el Congreso. Los jefes parlamentarios de Kirchner no quisieron atender un pedido de audiencia episcopal sin que primero el purpurado se reuniera con Kirchner. Ahora Bergoglio imagina un esquema de obispos activos que intervenga en todos aquellos conflictos sociales y políticos donde el gobierno esté involucrado. Tras la exitosa experiencia misionera, ahora el dibujo se repetirá en Santa Cruz a través del obispo Juan Carlos Romanín, al frente del conflicto docente; en Gualeguaychú, donde monseñor Jorge Lozano retomó un rol protagónico en el conflicto con Uruguay; y en la Capital Federal donde el mismo Bergoglio librará una sutil campaña a favor de Telerman y Carrió. Esta «doctrina Bergoglio», de presencia activa del Episcopado en los conflictos locales, ya había sido adelantada por el vocero episcopal Jorge Oesterheld: «Cuando se recurre a la Iglesiaes porque fallan otras instituciones. Estamos pagando el precio de la debilidad institucional ante tensiones que estallan de forma violenta o anárquica». La justificación del presbítero apuntaba tanto a justificar la politización de la Iglesia Católica como a denunciar la inacción del gobierno ante las protestas sociales. Los obispos también se refirieron a «la inclusión» y advirtieron que «la pobreza y la inequidad, no obstante el crecimiento económico y los esfuerzos realizados, siguen siendo problemas fundamentales». Y sostuvieron que la «autonomía, real y auténtica» de los tres poderes del Estado es «imprescindible para el ejercicio de la democracia».