29 de marzo 2017 - 13:49

La Justicia desestimó la denuncia contra Macri, Michetti y Malcorra por el memorando con Qatar

El acuerdo fue firmado el pasado 6 de noviembre por la vicepresidente, Gabriela Michetti.
El acuerdo fue firmado el pasado 6 de noviembre por la vicepresidente, Gabriela Michetti.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la vicepresidente Gabriela Michetti, y la canciller Susana Malcorra, en la causa por la firma de un memorando de entendimiento con Qatar al considerar que no existió delito.

El juez rechazó el requerimiento de investigación que hizo la fiscal federal Paloma Ochoa, al impulsar la causa, luego de la firma del convenio con ese país el 6 de noviembre de 2016.

La denuncia fue a partir de la firma de un convenio entre un funcionario de la ANSES y el representante del fondo de inversión Qatar Investment Authority (QIA), y que según los denunciantes era contrario a la normativa vigente de la legislación local, puesto que el mismo preveía la posibilidad de acudir a una estructura "offshore" para canalizar inversiones así como la designación de un "tercero administrador" para manejarlas discrecionalmente.

Para el juez no hubo delito, pues recordó que de la firma del convenio sólo surge que los dos Estados han iniciado conversaciones y negociaciones tendientes a que el Estado Qatarí, a través de un ente público de inversiones, conjuntamente con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, realice inversiones en infraestructura en la Argentina.

"Los eventuales acuerdos que puedan surgir en el futuro a partir de estas conversaciones, estarán sujetos, en todos los casos, a las respectivas aprobaciones legales internas de cada una de las partes, y a la adecuación de sus cláusulas a la legislación (impositiva, comercial, etc.) vigente en el país, algo que está reconocido expresamente en al menos cuatro pasajes del citado memorando", advirtió el magistrado en su resolución.

Además, evaluó el juez que la firma del convenio no implica obligación legal, económica o financiera alguna para nuestro país, y por ello está descargado el perjuicio patrimonial para el Estado argentino.

En ese sentido, dijo que es un acuerdo bilateral no vinculante en el cual ambas partes han expresado que "están manteniendo conversaciones".

"El interrogante acerca de si el acto estatal denunciado configura un riesgo jurídicamente relevante como para habilitar la imputación penal, ha de quedar necesariamente sin posibilidad de respuesta, pues la misma sólo podría ser respondida -en un sentido o en el otro- sólo en el caso -eventual e hipotético- de que lo que hasta ahora han sido meras negociaciones no vinculantes -plasmadas en el memorando en estudio-, se conviertan en un futuro posible en actos jurídicos estatales vinculantes, susceptibles de ser investigados penalmente", dijo el juez.

Por último, el juez instruyó a la ANSES en cuanto a que su eventual y futura implementación deberá respetar y adecuarse estrictamente a la legislación vigente en la República Argentina en materia de inversión para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con la totalidad de las aprobaciones y controles previstos en la legislación nacional.

Dejá tu comentario

Te puede interesar