La jueza federal Rochon rechazó la demanda colectiva presentada por inversores afectados por el desplome del token. La resolución cuestionó la forma en que fueron planteadas las acusaciones de fraude y asociación ilícita.
Hayden Davis junto a Javier Milei.
La Justicia federal de Estados Unidos dio por terminada la demanda colectiva iniciada por inversores afectados por el derrumbe de $LIBRA, el token que Javier Milei promocionó en X en febrero de 2025. La jueza Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, desestimó la demanda contra Hayden Davis, Kelsier Ventures, Benjamin “Ben” Chow y otros involucrados en la operatoria.
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La demanda incluía acusaciones de fraude, conspiración para defraudar, enriquecimiento injusto y violaciones de la legislación federal RICO, utilizada en Estados Unidos para perseguir estructuras de crimen organizado.
Uno de los puntos centrales del fallo fue justamente el reclamo bajo RICO. La jueza Rochon consideró que los demandantes no lograron demostrar un patrón de actividad ilícita durante un período suficientemente prolongado. Según la resolución, el supuesto esquema denunciado se habría extendido aproximadamente durante seis meses.
La jueza también rechazó la posibilidad de que los demandantes volvieran a modificar la demanda para intentar corregir esas deficiencias. Por eso, el expediente quedó cerrado y la demanda fue desestimada “with prejudice”, es decir, de manera que no puede volver a presentarse en esos términos ante ese tribunal, según confirmaron fuentes judiciales. Los demandantes pueden apelar el fallo.
Respecto de Hayden Davis y las empresas vinculadas a Kelsier, la jueza concluyó que los reclamos federales bajo RICO no habían sido suficientemente planteados y que otras acusaciones tampoco podían avanzar por una cuestión de jurisdicción sobre esos demandados en Nueva York.
La resolución también rechazó la acusación contra Ben Chow por fraude. Rochon consideró que una de las declaraciones atribuidas a Chow durante una conversación sobre el lanzamiento de otro token podía ser compatible tanto con una actividad legítima como con la interpretación que pretendían darle los demandantes.
En ese sentido, la jueza sostuvo que la búsqueda de ganancias, por sí sola, “standing alone, is not enough to demonstrate fraudulent intent”: “por sí sola, no alcanza para demostrar intención fraudulenta”.
Otro de los puntos de la resolución fue la situación de Meteora, la plataforma vinculada al lanzamiento de distintos tokens.
Los demandantes habían presentado a Meteora como una asociación no constituida formalmente, pero la jueza entendió que no habían demostrado jurídicamente que pudiera ser demandada bajo esa figura.
“Los demandantes no han alegado suficientemente que Meteora sea una asociación no constituida capaz de ser demandada conforme a la legislación de Nueva York o federal”, según fuentes judiciales. El alcance de la resolución es especialmente relevante para interpretar qué ocurrió en Estados Unidos.
La jueza no declaró que $LIBRA no haya sido objeto de una manipulación ni determinó que las acusaciones de fraude fueran falsas. Lo que hizo fue concluir que los reclamos planteados por los inversores no cumplían con los requisitos legales necesarios para continuar con esa demanda colectiva.
De hecho, la propia resolución se concentra en cuestiones como la suficiencia de las acusaciones, el alcance de RICO, la jurisdicción sobre determinados demandados y la posibilidad de identificar jurídicamente a Meteora como una entidad demandable.
La decisión se suma a otro revés que los demandantes habían sufrido en agosto de 2025, cuando Rochon había rechazado una medida cautelar y disuelto el congelamiento de activos que inicialmente había alcanzado fondos vinculados a Davis.
En paralelo, la investigación penal que se lleva adelante en Argentina continúa bajo la órbita del fiscal federal Eduardo Taiano. La causa local analiza, entre otras cuestiones, el rol que tuvieron Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y otros protagonistas en el lanzamiento y promoción de $LIBRA.
Así, el fallo estadounidense cierra la demanda civil colectiva en ese país, pero no constituye una definición judicial sobre la existencia o inexistencia de un delito en torno al lanzamiento de $LIBRA ni reemplaza las investigaciones que continúan en otros ámbitos.
En la investigación que lleva adelante el fiscal Taiano, la Cámara Federal dio un golpe al caso al confirmar que los damnificados no pueden actuar como querellantes. La decisión fue apelada ante Casación.