La Justicia favoreció a la ex ministra Miceli en el caso Greco

Felisa Miceli.

La Cámara Federal desestimó una denuncia contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli y otros ex funcionarios, quienes habían sido acusados de presuntas irregularidades al haber "frenado" el pago de una supuesta deuda del Estado con el "Grupo Greco".

Así lo confirmaron los jueces de la Sala II, Eduardo Farah y Martín Irurzun, y la medida benefició a Miceli y sus entonces subalternos Alejandra Tadei, Norberto López Isnardi, Jorge Amado y Alvaro Palencia Reffino.

De esta manera, los camaristas confirmaron una resolución de primera instancia dictada por el juez federal Sergio Torres quien ya había dicho que el hecho "no constituye delito".

En el expediente "se denunció a funcionarios del Ministerio de Economía por diferentes hechos que habrían tenido como mira desobedecer una decisión desfavorable para el Estado Nacional dictada el 11 de agosto de 2005", esto es el no pago de una deuda al Grupo Greco.

"Las acciones que se atribuyen a los denunciados obedecieron a la finalidad de evitar que se continúe con el proceso de pago de una suma cuya obtención, para la época, había sido públicamente reputada de fraudulenta", según afirmaron los camaristas.

Además, señalaron que "esta circunstancia conlleva a descartar la concurrencia de un obrar tendiente a eludir sus obligaciones y funciones, o la existencia de una desviación indebida de fondos con intencionalidad ilícita".

"El origen de la negativa del Ministerio de Economía a concretar el pago reclamado por los actores del juicio civil fue la resolución decretada por Miceli el 23 de enero de 2007 que revocó ´todos y cada uno de los actos administrativos que dieron origen a las presentaciones judiciales realizadas por la representación del Estado Nacional desde el 30 de septiembre de 2004´ y dejar sin efecto ´todas las tramitaciones administrativas realizadas con posterioridad a la referida homologación judicial´", indicaron los magistrados al fundar el rechazo de la denuncia.

También debido a una "denuncia en sede penal de un número de irregularidades que llevaban a suponer que se había arribado al resultado del proceso mencionado como consecuencia de una maniobra fraudulenta llevada adelante en perjuicio del Estado".

"Resulta claro que las acciones que se atribuyen a los denunciados en la presente obedecieron a la finalidad de evitar que se continué con el proceso de pago de una suma cuya obtención, para la época, había sido públicamente reputada de fraudulenta", remarcaron Farah e Irurzun, quienes afirmaron que ello "conlleva a descartar la concurrencia de un obrar tendiente a eludir sus obligaciones y funciones".