La ministra Nilda Garré ordenó remitir a la Justicia federal los legajos personales del jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini y del embajador en Colombia y ex titular de la fuerza, Martín Balza. Ambos podrían ser citados a declarar en una causa en la que se investigan presuntas violaciones de los derechos humanos que lleva adelante la Justicia federal de San Martín.
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El juez federal de San Martín, Alberto Suares Araujo, solicitó esa documentación a raíz de la investigación de los delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en Campo de Mayo. Los legajos llegaron al juzgado el 26 de marzo pasado y se resguardaron como si se tratase de información secreta. En esa causa quedó procesado y detenido el último presidente de facto, Reynaldo Benito Bignone, la medida dispuesta el 21 de marzo pasado también alcanzó al entonces comandante de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros.
Según el expediente, Bignone, desde el cargo de segundo comandante de Institutos Militares, participó en la dirección de los operativos de represión ilegal de la guerrilla de Montoneros en la zona 4, al norte del Gran Buenos Aires, en los partidos de Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana. Aunque no hubo testimonios de ex detenidos montoneros que lo incriminasen, el procesamiento de Bignone respondió a que por su cargo -segundo al mando de Riveros- tenía responsabilidad en la cadena de mando que operó contra la insurgencia en Campo de Mayo.
En su descargo antes de quedar detenido, Bignone dijo que su puesto era de Jefe de Estado Mayor de Institutos Militares y no segundo de Riveros, presentó como prueba el Decreto Nº 3.540 del 30 de diciembre de 1976 que establecía las designaciones del alto mando de aquel momento. Expresó que no estaba en la línea de responsabilidad de los hechos que le imputa el juez. Y solicitó al magistrado que cite a testimoniar a Balza y a Bendini, quienes eran sus subordinados en aquel destino militar, con el propósito de acreditar su posición en la cadena de mandos.
El magistrado verificará los legajos para establecer si estuvieron en Campo de Mayo bajo la autoridad de Bignone. En un paso siguiente -si los datos de esas carpetas se corresponden con lo expresado por Bignone-es posible que los cite a testimoniar. El general retirado cumple prisión preventiva en domicilio.
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