Un fiscal dispuso medidas preliminares y reúne información antes de decidir si impulsa la causa. La contratación estuvo a cargo de Secretaría de Presidencia, era que depende de Karina Milei.
La Justicia investiga posibles irregularidades en contrataciones de Secretaría de presidencia.
El fiscal federal Ramiro González pidió una serie de medidas previas para determinar si hubo irregularidades en una licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para el mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. La denuncia apunta contra la presidenta de La Libertad Avanza y otras personas que puedan surgir de la investigación.
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La presentación judicial fue realizada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py.
Allí se cuestionó el trámite de la Licitación Pública N° 23-0005-LPU26, destinada a contratar el “servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”.
En su presentación , el fiscal sostuvo que antes de decidir si impulsa formalmente la acción penal resulta necesario reunir información sobre el expediente administrativo y el estado actual del procedimiento licitatorio. “Se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”, señaló González en la presentación judicial.
La denuncia pone el foco sobre las empresas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. y GRUB S.A., que se habrían presentado como oferentes dentro del mismo proceso de contratación.
Según el escrito, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya había concluido, mediante un dictamen previo, que ambas firmas “integran un mismo grupo económico”, una situación que —según la denuncia— podría haber generado una “apariencia ficticia de competencia” dentro de la licitación.
El fiscal describió que la denuncia fue presentada por presuntos delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Por el momento, González no impulsó medidas de prueba de fondo ni imputaciones concretas, sino que solicitó información preliminar para conocer cómo avanzó el proceso licitatorio y cuál es su situación actual.
La causa tramita ante el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Sebastián Ramos y, una vez incorporados los datos requeridos, el expediente volverá a la fiscalía para que se defina si corresponde avanzar con una investigación penal formal.