Las atribuciones y el presupuesto que sumó en el último mes la ONCCA, encabezada por Ricardo Echegaray, preocupa a los analistas agropecuarios que ya asumen que continuará concentrando facultades. Ahora, aunque calificado de extemporáneo y resistido por gran parte de los analistas, entre la serie de proyectos circulantes en el Congreso en el marco de las retenciones móviles, existe la posibilidad de recrear la Junta Nacional de Granos. La entidad que supo hasta mediados de la década pasada centralizar con el comercio granario argentino, intenta reflotarse casi con el mismo formato, al momento en que todos los países lo dejaron de lado. Las consecuencias de su instauración serían en la práctica una nueva intervención del Estado en el comercio y más poder para la ya hoy omnipresente ONCCA.
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La Junta Nacional de Granos constituyó hasta mediados de la década pasada, una entidad costosa y burocrática que monopolizó las terminales portuarias, ascensores, almacenajes y precios de todo el comercio granario. Los cambios en el comercio internacional llevaron a su desmantelamiento, y a que el mercado logre -en sintonía con el mundo-, mayor agilidad y la atracción de inversiones para el procesamiento de granos, silos, biotecnología y maquinarias.
«La Junta tenía razón de ser en momentos en que los contratos se hacían gobierno a gobierno. Pero hoy en todos los mercados se hacen principalmente entre compañías por lo que la medida en principio resulta anacrónica», dijo a este diario el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ricardo Forbes.
Desde la Federación Agraria, defensores del sistema, reconocen que tal como existió, no debería volver la Junta de Granos. Sí, en cambio, instaurar un ente regulador y fiscalizador de todo el comercio granario que transparente las operaciones y equilibre el mercado «con las adaptaciones que imponga una realidad distinta de la que convivía con la anterior versión», según explicó Eduardo Buzzi, presidente de la entidad.
El argumento original para la creación de la Junta fue la necesidad de defender el precio de producción nacional en riesgo ante la presencia de oligopolios. Para esto, fijó un precio sostén a los granos (igual en todo el país) que evitara fluctuaciones propias del mercado en perjuicio de los productores.
Entre 1973 y 1976, el único operador del mercado de granos fue el Estado que por concentrarse en otros negocios vinculados al sector, desatendió completamente la comercialización de la producción.
Ventas a la URSS
Forbes recuerda que hacia fines de la década del 70, la dictadura militar argentina aprovechó la Junta Nacional de Granos «para venderle producción a la Unión Soviética, entonces bajo el embargo impuesto por Estados Unidos. Si bien se trató de una decisión política, el país se favoreció por grandes sumas de divisas provenientes del Este por esas operaciones».
Ya en los 80 la entidad se concentró en la conquista de nuevos mercados cuando el mundo demandaba las producción argentina pero a la vez subsidió actividades en forma desmedida, uno de los riesgos más latentes en la actualidad.
«Se daban subsidios implícitos a algunos industriales que compraban a los productores y luego vendían a la Junta con el agregado del costo de almacenaje. Luego de algunos meses, se garantizaban que éste órgano volvía a venderles la producción al mismo valor que se la había comprado. En épocas de alta inflación esto se tradujo en que la industria se financió a tasa cero en perjuicio del Estado», explica un alto directivo de una compañía líder en el corretaje de granos.
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