Los bloques del PRO, la Coalición Cívica y la UCR solicitarán mañana el juicio político al Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a raíz del escándalo por el maletín con 800 mil dólares que Guido Antonini Wilson intentó ingresar ilegalmente al país.
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El anuncio se realizará durante la conferencia de prensa que integrantes de las bancadas opositoras ofrecerán a las 16.30 en la sala 7 del tercer piso del Anexo de la Cámara de Diputados.
El pedido se basa en el avance del proceso que se realiza en Estados Unidos derivado del episodio del maletín y fundado en un presunto "mal desempeño de sus funciones".
El nuevo embate contra De Vido se da luego de que fracasara la semana pasada en la Cámara baja un pedido de interpelación al ministro impulsado por el radical Pedro Azcoiti para que explique su presunto encuentro con el "valijero" en la Casa Rosada pocos días después de su ingreso al país, en agosto de 2007.
Los bloques que participan de la iniciativa entienden que "la información sobre un episodio de contrabando de dinero en un viaje de funcionarios argentinos, constituye un hecho de suma gravedad institucional para nuestro país, que exige el impulso del juicio político", se informó a través de un comunicado.
Si bien la iniciativa fue motorizada por el PRO y la CC, gestiones de último momento sumaron al bloque de diputados de la UCR, confirmó el propio jefe de esa bancada, Oscar Aguad.
Según precisó a Noticias Argentinas el titular del bloque radical, se trata de "tres pedidos de juicio político diferentes" contra De Vido, "uno por cada bancada".
Todos ellos se fundan en la causal de mal desempeño de en las funciones de funcionario público en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece sólo la Cámara baja ejerce el derecho de acusar ante el Senado a los ministros "en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes".
De todos modos, fuentes de la bancada kirchnerista consultadas por NA minimizaron el impacto de la iniciativa puesto que para que se haga lugar al planteo y la formación de la causa se derive al Senado, es preciso el aval de "la mayoría de las dos terceras partes de sus miembros presentes" en Diputados, algo que el arco opositor difícilmente pueda conseguir.
Al Senado le corresponde juzgar en juicio publico a los acusados por la Cámara de Diputados, y su fallo -también a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes- "no tiene más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo a sueldo en la Nación.
Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios", señala la Constitución en su artículo 60.
Sucede que el juicio político no es un proceso penal, en el supuesto que se este juzgando la comisión de delitos, sino un instituto que funciona como antejuicio que, en caso de condena, habilita la instancia penal contra los funcionarios y magistrados que gozan de inmunidad penal.
El planteo de las bancadas opositoras se producirá apenas un día antes del primer informe de gestión en el Congreso del jefe de Gabinete, Sergio Massa, a quien también esperan con consultas sobre el episodio del maletín, además de la cuestión inflacionaria y el pago de la deuda con el Club de Paris.
Además, las bancadas opositoras planean una estrategia común contra los denominados superpoderes y para reformular el sistema de coparticipación federal de impuestos.
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