«La reunión de Comisiones en Diputados no se mueve.» La orden de Cristina de Kirchner obligará a las entidades del campo a ausentarse del inicio del debate legislativo sobre las retenciones móviles. Consciente de que la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados estaba citada para hoy a las 17.30, la Presidente se adelantó y convocó a los representantes del agro a las 16 en su despacho. «Para no quitarle protagonismo a la Presidente, pensamos en posponer la reunión de la comisión para el martes, pero desde la Casa Rosada pidieron mantener la convocatoria para la tarde de hoy», explicó a este diario uno de los diputados que coordina la discusión agropecuaria en el Congreso.
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Ayer por la tarde, el oficialista cordobés Alberto Cantero Gutiérrez anunció que la reunión plenaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Hacienda, se posponía hasta el martes por la convocatoria de las entidades del agro a la Casa Rosada. De inmediato, desde el despacho de Agustín Rossi, jefe de los diputados kirchneristas, se desautorizó el anuncio de Cantero y se ratificó el encuentro de legisladores para la tarde de hoy en el edificio anexo.
Por una orden directa de presidencia, las dos reuniones, la del Congreso y la de Casa Rosada, se realizarán casi en simultáneo. Luciano Miguens (Sociedad Rural), Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Mario Llambías (Confederaciones Rurales) y Fernando Gioino (Coninagro) escucharán de boca de Cristina de Kirchner la disposición del oficialismo a negociar un paquete de leyes adicionales a la ratificación legislativa de la Resolución 125 sobre las retenciones móviles enviadas al Parlamento por cadena nacional.
¿Por qué la Presidente convoca ahora a las entidades si ella misma derivó la discusión sobre las retenciones móviles al Congreso para darle «más democracia a la democracia»? Esa fue la pregunta que varios diputados del oficialismo se hacían ayer por la tarde. Esta nueva interferencia del Poder Ejecutivo, fundamentada desde la Casa Rosada en el levantamiento del paro y el desbloqueo de rutas, despertó la suspicacia de los kirchneristasdíscolos. La Presidente ya fue informada por Rossi sobre la falta de votos en la Cámara baja para aprobar sin debate el proyecto enlatado enviado por el Ejecutivo al Congreso. Ante la ineludible necesidad de abrir el debate y rodear el texto presentado por la Casa Rosada en el Parlamento de nuevas leyes que atenuen el efecto de las retenciones móviles, la Presidente se le adelantó a Legislativo y convocó a los jefes del campo a su despacho.
La maniobra tiene dos efectos: por un lado, evita la foto de Miguens, Buzzi y compañíaingresando triunfalmente al Congreso, pero además capitaliza bajo un disfraz de consenso legislativo la pérdida de apoyos de Cristina de Kirchner en el recinto.
Así, el debate parlamentario de la propuestaenviada por el Poder Ejecutivo se abrirá a las 17.30 sin la presencia de los titulares de las entidades rurales cuando las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara baja pongan a disposición de los diputados el proyecto que incluye la ratificación de la Resolución 125 que estableció el mecanismo de las retenciones móviles.
Ayer, Buzzi informó las entidades que concurrirán a la comisión el martes debido a la reunión que mantendrán hoy con la Presidente. El jefe de la Federación Agraria dijo que «hay gran expectativa» por la reunión con la mandataria y agregó que «es tiempo de construir».
El cronograma diseñado por el oficialismo contempla que las comisiones deliberen a lo largo de toda la semana con el objetivo de receptar las inquietudes de los diferentes sectores en torno al proyecto del Poder Ejecutivo y escuchar propuestas alternativas.
Como el kirchnerismo cuenta apenas con unos 108 votos asegurados, unos veinte menos de los 129 que necesita para aprobar a libro cerrado el proyecto cristinista, el oficialismo ya se resignó la posibilidad de incluir leyes para beneficiar a otros sectores de la canasta básica como el trigo, cítricos, la leche y la carne. La rebelión de los diputados kirchneristas de las provincias agroganaderas, como Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires y hasta Salta, obligaron al Frente para la Victoria a consensuar el debate en el Congreso.
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