Legisladores de la UCR sumaron otra denuncia penal contra el matrimonio Kirchner por la presunta comisión de delitos de acción pública a raíz de la compra de 2 millones de dólares en octubre de 2008.
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La presentación estuvo a cargo del senador José Cano y los diputados Silvana Giúdici y Rubén Lanceta, y recayó en el Juzgado Número 9 a cargo del juez Julián Ercolini, aunque es posible que sea luego integrada a la causa que inició la Coalición Cívica y que tiene a cargo el juez Claudio Bonadío.
Los legisladores radicales entienden que la compra de activos por parte del marido de la presidenta Cristina Kirchner "debe dar lugar a sospechas acerca del manejo de información reservada" y presume que el matrimonio "habría incrementado el valor de su patrimonio a raíz de decisiones de política económica".
La nueva presentación judicial generó el repudio del oficialismo, en este caso del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien consideró que la denuncia "tiene una clara intencionalidad política".
"Cualquier persona puede hacer una denuncia, pero esto tiene una clara intencionalidad política. Se castiga a quien hace inversiones en blanco", señaló De Vido en conferencia de prensa.
Coincidió así con los argumentos presentados por el matrimonio presidencial, que indicó que los dólares no fueron adquiridos con fines especulativos sino para la compra de un hotel en El Calafate, realizada en divisas estadounidenses.
La presentación de la UCR abarcó también, "a todos aquellos que resulten penalmente responsables de la supuesta comisión de los delitos de revelación de secretos", según indica el artículo 157 del Código Penal.
Mencionó además al artículo 258, inciso 1 del mismo Código -eje de la denuncia de la CC- que castiga a los funcionarios públicos que, con fines de lucro, utilicen para ellos mismos o para terceros información reservada que hayan conocido en razón de su cargo.
El escrito de los legisladores radicales hace también hincapié en la ley de Ética Pública, que establece en su artículo 2 el deber moral de los funcionarios públicos de "abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con las tareas oficiales o facilitarla a otros en beneficio de intereses privados".
Lanceta explicó que la intención es que se indague "la ruta del dinero", por lo que "la idea es pedir que quien fue vendedora vaya a declarar al Juzgado y manifieste el monto de la operación, los registros de la misma, el pago impositivo si los hubo, y que de acuerdo al perfil de la persona, manifieste de dónde pudo obtener el volumen de dinero necesario para ser titular de ese patrimonio".
"Si está todo bien no habrá ningún problema. Pero si la Justicia entiende que se han infringido algunas de las normas, que se llegue a la sentencia sancionatoria del tipo penal que corresponda", señaló el bonaerense, y agregó que si se comprobase que se trató de la utilización de un tercero para adquirir bienes personales, "implicaría, lisa y llanamente, un lavado de dinero".
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