La UCR pedirá ahora quiebra de empresa

Gerardo Morales

El jefe de la Unión Cívica Radical, el senador Gerardo Morales, advirtió ayer que su partido pedirá la quiebra de Aerolíneas Argentinas para evitar así que el Estado asuma el pasivo de casi u$s 900 millones de la empresa que controlaba la española Marsans.

El líder de la UCR emitió un comunicado donde asegura que «evalúa solicitar la quiebra de la empresa para que luego el Estado tome el control de Aerolíneas sin hacerse cargo del pasivo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y la fuente laboral».

Lo que ningún radical podía explicar ayer era cómo la UCR podría presentarse a un juzgado a solicitar la quiebra de Aerolíneas teniendo en cuenta que el partido no figura en la lista de acreedores, únicos legitimados para reclamar esa medida. Desde el comité que comanda Morales especulaban con que el radicalismo impulsaría la quiebra de la compañía a través de algún acreedor.

Advertencia

«Por otra parte, nuestros abogados están trabajando en que se habría incurrido en administración fraudulenta en Aerolíneas Argentinas por parte de la empresa, con responsabilidad de los funcionarios en representación del Estado», advirtió el ex compañero de fórmula presidencial de Roberto Lavagna, quien agregó que por esta razón la UCR analiza presentar una demanda en lo penal económico.

Marsans y el gobierno de Cristina de Kirchner firmaron hace una semana un acuerdo por el que el grupo traspasará al Estado argentino 94,41% de las acciones de Aerolíneas Argentinas y 97% de Austral.

Con ese acuerdo se abrió un período de dos meses en el que se efectuará una auditoría interna para determinar el precio de las acciones que serán transferidas al Estado argentino, que ya posee una participación de 5% en Aerolíneas.

Un consejo de transición administrará las dos empresas y confeccionará el estado de resultados durante estos 60 días, hasta que se complete la transferencia accionaria, proceso que el gobierno busca convalidar en el Congreso.

Valuación

«Otra de las observaciones que hacemos desde la UCR al proyecto de ley (enviado por el Ejecutivo al Parlamento para convalidar la transferencia al Estado) es que allí solamente se ha establecido la participación del Tribunal de Tasaciones para la determinación del valor del paquete accionario», dijo Morales.

Según el senador radical, ese tribunal «lo único que puede valuar es los activos, pero hay que determinar los pasivos y establecer el patrimonio neto de la empresa, para lo cual no sólo debería trabajar el Tribunal de Tasaciones sino también la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)».

«Asimismo, el Estado debería contratar un auditor externo, que podría ser en este caso la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, para que, con independencia de criterio, determine si el patrimonio neto resultante del análisis del Tribunal de Tasaciones y la SIGEN es el correcto y pertinente», propuso Morales.