El Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 26.683 -destinada a combatir el lavado de dinero- a través del decreto 825, publicado en el Boletín Oficial, en el que también vetó el artículo 25 de la citada norma en el que se establece que la Unidad de Información Financiera (UIF) "no podrá constituirse como parte querellante en procesos penales" vinculados a casos de lavado de activos.
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El decreto consideró "necesario" en sus considerandos que la UIF "se encuentre facultada para intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investiguen delitos tipificados por la ley Nº 25.246 y sus modificatorias".
En sus considerandos, el decreto recuerda que en diciembre de 2008 el decreto 2226 autorizó a la UIF a actuar como parte querellante en los casos que así lo ameriten, en el marco de los compromisos internacionales.
El decreto 825 agrega que el Estado asumió a través de la UIF el rol de querellante, a fin de impulsar investigaciones en curso "no sólo para perseguir a los responsables de delitos, sino también para promover el decomiso de activos ilegalmente obtenidos".
Aunque la recuperación de bienes es un objetivo central de la acción penal, "en un alto número de procesos no se investiga el aspecto financiero del delito ni existen pedidos de decomiso", destaca la norma.
Por eso, señala, se creó en la UIF un área de querellas destinada específicamente a explotar las potestades otorgadas por el decreto 2226, para impulsar investigaciones ya judicializadas, y en ese marco los tribunales de primera instancia como los de alzada designaron querellante a la Unidad en distintas causas.
Según el decreto 825, la Unidad cumple en la actualidad el rol de querellante en cinco procesos por lavado de activos (cuando hasta 2010 sólo actuaba en una causa tramitada ante la Justicia Federal), y colabora asimismo en más de 70 procesos penales, por requerimiento de los jueces.
El decreto 825 recuerda que la UIF ejerce al presente el rol de querellante en varias causas que investigan casos de fraude contra el Estado, y en algunos casos la judicatura solicitó que la Unidad participe en allanamientos y otras diligencias procesales.
Detalla luego que el organismo es querellante en la causa que investiga el presunto pago indebido de casi 54 millones de pesos por parte del Ministerio de Economía de la Nación al grupo de aseguradoras extranjeras Accolade Pool.
La UIF también cumple ese rol en otra causa que investiga las actividades de una asociación ilícita que habría vendido medicamentos ilegalmente a distintas obras sociales, a través de la Droguería San Javier, y a las empresas Multipharma y Congreso Salud, entre otras.
Esa organización "habría intentado defraudar al Estado mediante la obtención de subsidios tramitados ante la Administración de Prestaciones Especiales del Ministerio de Salud", mediante un sistema financiero ilegal, lo que motivó el interés de la UIF.
Otra causa se tramita en el Juzgado Federal de Campana e investiga el accionar de una organización dedicada a la producción clandestina y tráfico de precursores químicos.
La Unidad es querellante asimismo en causas por trata de personas, "a partir del interés en perseguir la ruta del dinero que produce el tráfico humano cometido con fines de explotación sexual o con otras motivaciones".
Por último, el decreto 825 recuerda que el titular de la UIF, José Sbatella, se reunió con el fiscal titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, "para analizar posibles acciones atinentes a las fuentes de financiamiento de personas que se encuentran en condición de prófugas, acusadas por delitos de lesa humanidad".
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