Legislatura: luz verde a venta de 40 inmuebles de Ciudad

El titular de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo.

Unos cuarenta inmuebles declarados "innecesarios" por el Gobierno porteño, entre los que se encuentran dos predios en los partidos bonaerenses de Ituzaingó y Tigre, podrán ser vendidos de acuerdo a una ley que aprobó la Legislatura, que estableció el dinero obtenido será para costear construcciones de los ministerios de Educación y Salud.

En el marco de la sesión ordinaria de la Legislatura, quedó sancionada una ley que plantea, por un lado, la desafectación del dominio público de la Ciudad del edificio situado en Carlos Pellegrini 313/317/321/323, donde funciona una sede del Ministerio de Salud porteño frente al Obelisco, para costear "una nueva centralidad administrativa de oficinas" de esa cartera en la zona sur.

"Debido a su antigüedad, de alrededor de 50 años, ese edificio requiere que se destinen cada vez más recursos para el mantenimiento de sus necesidades estructurales y funcionales", explicó el Ejecutivo como motivo para la venta.

Asimismo, declaró "innecesarios" para la gestión del Gobierno unos cuarenta inmuebles para su posterior venta, de la cual "el 50 por ciento de los ingresos será destinado a gastos para construcciones del Ministerio de Educación y el restante 50 por ciento para obras de la cartera sanitaria de la Ciudad.

Entre los inmuebles propuestos por el Ejecutivo en el proyecto original figuraba la sede de la biblioteca infantil La Nube, del barrio de Chacarita, y de la Asamblea de Dorrego, de San Telmo, que fueron retirados del expediente por los diputados del PRO a pedido de varias organizaciones no gubernamentales.

Quedaron dentro de la nómina un predio de Tigre, donde está situada la planta trasmisora de Radio Ciudad, y otro en Ituzaingó, donde funciona un geriátrico de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa del PRO requería mayoría de 31 votos, una cifra que el PRO no puede reunir con legisladores propios por lo que necesitó de la ayuda de la oposición. Tal como publicó Ámbito Financiero, la ayuda opositora responde a la próxima renovación de cargos en la administración porteña donde podrían recaer muchos de los legisladores que no renovaron sus bancas.

Las designaciones son cerca de treinta en siete organismos distintos de la Ciudad de Buenos Aires. El listado comienza con la renovación en el Ministerio Público porteño de la Asesoría Tutelar General, la Fiscalía General y la Defensoría General. La asesora tutelar es actualmente Laura Musa exdiputada nacional por la Coalición Cívica cuando tomó el cargo que le correspondió a esa agrupación política, mientras que el fiscal general, Germán Garavano, le correspondió al PRO que ahora podría proponer para su reemplazo al legislador Martín Ocampo, aunque hay otros nombres en danza. El defensor general, Mario Jaime Kestelboim, fue a propuesta del PJ y asumió en marzo de 2007.

Otros tres puestos se renuevan en el Comité de Seguimiento del Sistema de la Seguridad Pública, que es un órgano "de consulta y asesoramiento del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Legislatura". Lo integran 6 miembros que duran cuatro años en sus cargos, tres de los cuales los nombra Macri y trabajan ad honorem y los otros tres los designa la Legislatura (con sueldos) y actualmente son Roberto Destéfano (PRO), Pablo Failde -ex legislador que integró la Coalición Cívica pero mutó al kirchnerismo- y Guillermo Smith, también exlegislador de la Coalición Cívica que ahora integra el combo UNEN.

En el bolsón también están los cuatro puestos de directores del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que tendrá una función más específica como es el control de los subterráneos que fueron traspasados al distrito. El jefe de Gobierno quiere proponer al nuevo director que reemplazará a Lisandro Ferrali, quien en su momento ingresó como un acuerdo de aliados al macrismo. Nueve sillas más se cambiarán en el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COMPUA), organismo que debe encargarse de asesorar sobre los temas de su materia y, entre otros objetivos, impulsar las inversiones sustentables y generar empleo.

Otro instituto que se renovará es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quizá el lugar más peleado por la oposición. Lo preside Alicia Pierini (PJ), quien ya lleva dos mandatos consecutivos -diez años- y no puede ser reelecta. Desde el combo UNEN ya estarían anotados el radical Claudio Pressman, quien no renovará su banca en la Legislatura porteña, y hay quienes promueven al legislador Julio Raffo de la agrupación de Fernando Pino Solanas, ahora integrante de UNEN. Raffo es candidato a diputado nacional por la lista que encabeza Elisa Carrió, pero no estaría en un lugar con altas probabilidades de asegurarle el pase al Congreso.

El defensor general es asistido por cinco adjuntos especializados en distintos temas cuatro en forma rotativa y uno exclusivamente en materia bancaria y financiera, mutuales y cooperativas.

Los cargos son por cinco años y las designaciones requieren de 40 votos en el recinto de la Legislatura, como obtuvieron Atilio Allimena, José Palmiotti, Gerardo Gómez Coronado, Andrés Elisseche y Laura Muñiz, que ocupan actualmente las defensorías adjuntas. Finalmente, los legisladores deberán también acordar quiénes ocuparán cinco cargos más en el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, y como plus, una silla en el Consejo de Mecenazgo, ad honorem, para cerrar el bolsón.