La Justicia de la provincia de Santa Cruz, donde la pasada semana se produjeron manifestaciones de protesta con la toma por parte de trabajadores de una planta petrolera, ordenó la liberación de los detenidos y el gobierno provincial impulsó una investigación para determinar responsabilidades de parte de la Policía durante el desalojo.
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La investigación se abrió a raíz de una denuncia de los ocupantes de la planta señalando que la Policía golpeó a una manifestante provocándole presuntamente la pérdida de un embarazo de tres meses.
La jueza penal de la localidad de Pico Truncado, Cristina Lembeye, liberó durante el fin de semana a los 16 trabajadores detenidos en el desalojo que había ordenado el jueves pasado, cuando alrededor de 70 personas en demanda de trabajo ocuparon la planta Oil SA, situada a 780 kilómetros al norte de Río Gallegos. Voceros judiciales indicaron que la magistrada «hizo lugar al pedido de excarcelación interpuesto por los defensores de los arrestados». En tanto, el Partido Obrero se movilizó ayer a la Casa de Santa Cruz en la Capital Federal, donde Néstor Pitrola y Marcelo Ramal efectuaron una denuncia por la represión policial.
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