El escrito presentado ante la Justicia sostiene que las pérdidas fueron consecuencia de la especulación propia del mercado cripto. También afirma que el mensaje presidencial no constituyó una recomendación de inversión ni un engaño a los compradores.
Mauricio Novelli junto a Javier Milei.
La defensa de Mauricio Novelli, uno de los imputados en la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, presentó un escrito en el que cuestionó la permanencia de los querellantes en el expediente y sostuvo que, tras más de un año de investigación, no existe una hipótesis penal viable de estafa.
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La presentación fue realizada por el abogado Daniel Rubinovich mediante una excepción de falta de acción, con el objetivo de que varios de los denunciantes pierdan su condición de querellantes, y alude a Juan Marchetto, Alan Vega, Matias Paris, Braian Quintero y Martín Romeo, que fueron aceptados y confirmados como querellantes e impulsan fuertemente la causa.
El argumento central es que no pueden ser considerados “particulares ofendidos” porque, según la defensa, no hubo un delito patrimonial en perjuicio de quienes compraron el token.
“A esta altura, el legajo se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria”, afirmó la defensa.
Según el escrito, la investigación ya permitió reconstruir los hechos centrales del caso: las reuniones entre desarrolladores del ecosistema blockchain y funcionarios, la organización del Tech Forum, el lanzamiento de $LIBRA, la difusión pública del proyecto y la posterior caída del precio del activo. Sin embargo, sostiene que ninguno de esos elementos configura una estafa.
“No existe una imputación consistente, basada en un ardid penalmente relevante, ni una representación falsa atribuible a los imputados, ni un error de los adquirentes del token”, argumentó.
Uno de los ejes del planteo es que la causa intenta criminalizar pérdidas derivadas de operaciones especulativas en el mercado de criptomonedas. “La estafa exige un engaño típico idóneo para provocar un error y determinar causalmente una disposición patrimonial perjudicial. Nada de ello aparece configurado”, señala el escrito.
La defensa sostiene que los compradores ingresaron voluntariamente a un mercado “extremadamente volátil” y que la información sobre el funcionamiento del token, la distribución de activos y las operaciones realizadas podía verificarse públicamente mediante herramientas de blockchain.
En ese sentido, remarca que quienes adquirieron Libra conocían los riesgos propios del ecosistema cripto y actuaron bajo un principio de “autorresponsabilidad”.
“Lo que aparece no es una víctima inducida fraudulentamente a actuar contra sus intereses, sino personas que decidieron participar en un mercado especulativo, extremadamente volátil y carente de regulación estatal”, sostiene.
La defensa dedica buena parte del escrito a rechazar la idea de que el derrumbe del precio de Libra haya sido producto de una maniobra fraudulenta previamente diseñada. Según el planteo, la caída de la cotización respondió a la dinámica propia de una memecoin y no a una operación criminal.
“La secuencia investigada comprende el lanzamiento público de un token, el incremento acelerado de su cotización, la extrema volatilidad posterior y la caída abrupta del precio derivada de la dinámica especulativa propia del mercado”, señala.
La defensa agrega que no se identificó ninguna afirmación falsa ni una promesa de ganancias futuras que hubiera inducido a error a los compradores. “No toda pérdida sufrida en el marco de una operación especulativa habilita la intervención del sistema penal”, afirma. Incluso sostiene que la acusación intenta deducir la existencia de fraude a partir del resultado final. “El supuesto carácter fraudulento del proyecto se infiere retrospectivamente desde la caída de cotización”, cuestiona.
Otro de los puntos centrales del escrito es el rechazo a la idea de que Libra fuera una estructura ficticia creada únicamente para captar dinero. “La iniciativa existió objetivamente. Los actores involucrados existieron. Las empresas participantes desarrollaban actividades reales dentro del ecosistema blockchain”, sostiene.
La presentación destaca que el proyecto Viva La Libertad Project fue presentado como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos argentinos mediante herramientas blockchain y afirma que esa propuesta era “perfectamente posible desde el punto de vista técnico y económico”.
También reivindica el rol del Tech Forum, evento organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy, y sostiene que formó parte de una estrategia de vinculación entre actores del sector tecnológico y desarrolladores internacionales.
La defensa dedica un capítulo completo al posteo publicado por Javier Milei el 14 de febrero de 2025, considerado uno de los hechos centrales de la investigación. Según el escrito, la publicación presidencial no constituyó una recomendación de inversión ni incluyó promesas de rentabilidad.
“La publicación atribuida al Presidente carece de los elementos mínimos necesarios para configurar un engaño”, sostiene.
La defensa reproduce el mensaje de Milei y argumenta que se trató de una comunicación política destinada a destacar un proyecto privado vinculado al financiamiento de emprendimientos. “Todo lo que dijo el Presidente en relación con el tema era absolutamente cierto”, afirma.
También rechaza que el tuit pueda ser interpretado como el ardid que desencadenó la presunta estafa. “No existió una recomendación de compra, no analizó el proyecto como una oportunidad de negocio ni se pronunció sobre los riesgos que ella entrañaba para potenciales adquirentes del token”, señala.
Incluso sostiene que el mensaje estaba dirigido al público en general y no específicamente a potenciales inversores. Para la defensa, la repercusión política o mediática que tuvo la publicación no alcanza para configurar un delito. “La notoriedad pública de quien emite un mensaje no reemplaza los elementos típicos exigidos por el delito de estafa”, concluye.
Más allá de la discusión de fondo sobre Libra, la presentación busca que los querellantes sean excluidos del expediente. La defensa sostiene que varios de ellos ya dejaron de impulsar una hipótesis de estafa y pasaron a concentrarse en posibles delitos contra la administración pública, como negociaciones incompatibles.
Según el escrito, si el objeto de la investigación se trasladó hacia eventuales irregularidades vinculadas al ejercicio de funciones públicas, los compradores del token ya no pueden ser considerados víctimas directas del hecho investigado.
Por eso pidió al juez Marcelo Martínez De Giorgi que les retire la condición de querellantes y limite la acusación al Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien es duramente criticado por los abogados de los damnificados que impulsan la causa.