20 de julio 2004 - 00:00

Lo que faltaba: piqueteros marxistas escracharán a legisladores que voten

En otra muestra de su comportamiento antidemocrático, los piqueteros marxistas que el viernes destrozaron la Legislatura porteña planean atacar los domicilios de los legisladores que, por convencimiento, votarán a favor de la sanción del nuevo Código Contravencional porteño porque, aunque con errores, brindará mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Adiestrados para la agresión, si el jueves próximo, día de la sesión, no pueden llegar a la Legislatura porque el gobierno ordena un operativo policial para preservar el edificio, los piqueteros embestirán con escraches -cuando menos- contra los domicilios particulares de los legisladores. Tras los graves incidentes del viernes pasado -y lo ocurrido a mediados de junio durante la toma de la comisaría de La Boca y después el Palacio de Tribunales por ahorristas-, ¿el Ministerio de Justicia y Seguridad -en definitiva el gobierno nacional-de nuevo dejará intimidar libremente a los violentos? A éstos no les interesa el Código. Sí captar voluntades en sectores en conflicto.

Los piqueteros preparan un Plan B para oponerse a la sanción del código contravencional porteño: si, como se anticipa, el día de la sesión el gobierno despliega seguridad para impedir protestas, harán escraches en los domicilios de los legisladores que voten a favor.

En paralelo, esta semana marcharán desde el Obelisco hasta la Legislatura. En principio, la movilización está prevista para el jueves porque, dicen, «ese día se tratará» la norma. Pero si la sesión se posterga para el viernes, mudarán la marcha para ese día en una suerte de juego a las escondidas con los legisladores porteños originado por la inacción policial del viernes pasado que dejó temerosos a los representantes de la democracia.

En la marcha, además de la oposición al Código Contravencional, los piqueteros pedirán la liberación de las 17 personas que hasta ayer permanecían detenidas.

Así lo acordaron ayer, en reuniones simultáneas, los caciques de los grupos más duros: la Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero, CUBa, MTL y MTD Aníbal Verón, entre otras agrupaciones piqueteras, según dijo Oscar Kuperman, de la Coordinadora de Unidad Barrial.

Al margen de la movilización, los piqueteros discutieron sobre cómo sortear la cobertura adicional de seguridad que se espera para la próxima sesión, a raíz de los graves incidentes registrados el viernes pasado.

Si, como se anticipa, el gobierno dispone un vallado que impida que los opositores al Código lleguen a la Legislatura, los piqueteros fijaron otro tipo de protesta: identificarán los domicilios de los legisladores que votaron a favor y los escracharán.

«Estamos detectando dónde viven los que están a favor de este Código y vamos a hacer escraches frente a sus casas»,
anticiparon voceros del Bloque Piquetero Nacional.

• Tres jornadas

Por otro lado, comenzó a perfilar una serie de protestas para endurecer su reclamo contra el gobierno nacional luego de fracasar el diálogo que los grupos duros habían iniciado con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Esta semana, las distintas agrupaciones fijarán un nuevo
«plan de lucha» que, al igual que el desarrollado a principios de este año, se eslabonará con tres jornadas consecutivas de protesta de 24, 48 y 72 horas con cortes de ruta y piquetes en todo el país.

Ese calendario podría terminar con un megaacampe de los grupos más críticos a
Néstor Kirchner, alrededor de la Casa Rosada, en abierto desafío al gobierno.

Es una respuesta a los dichos del viceministro de Trabajo,
Enrique Deibe; y del secretario de Provincias de la cartera de Interior, Rafael Follonier, que acusaron a los grupos duros de «sólo pedir planes sociales» y «no pedir puestos de trabajo genuino».

Por ese mismo motivo, los seguidores de
Raúl Castells marcharán este jueves al Ministerio de Desarrollo Social y a la cartera de Planificación Federal, portando herramientas recordando que su grupo, el MIJD, le entregó al gobierno una lista de «30 mil personas dispuestas a trabajar».

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