La Embajada de China, en Crisólogo Larralde al 5300 de la Capital Federal, intenta comprar un lote lindero al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde hace más de un año.
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Los representantes de China comenzaron a principios de 2003 a interesarse por un terreno lindero a la embajada de la calle Crisólogo Larralde, que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Averiguaron en Cancillería, pidieron testimonios de dominios y llegaron a comunicarse con los funcionarios de Aníbal Ibarra quienes, bien predispuestos, hicieron tasar el lote en abril del año pasado, mediante el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Se fijó el valor en $ 1.500.000, y los chinos iniciaron los trámites de autorización en su país. Fueron, explicaron, vinieron y, finalmente, llegaron al Gobierno porteño con la oferta, pero la tasación se había vencido, algo que no podían entender.
El retraso también obedeció a problemas en el gabinete de Ibarra que afectaron la operatoria, pero a tal punto insistieron los chinos en la compra e Ibarra en que el lote ya valía más, que las relaciones parecían al borde de un conflicto diplomático. Preocupado, Ibarra invitó a una comida con la idea de distender el clima.
Pero los chinos llegaron a la mesa, con el único tema de la compra de los terrenos como todo diálogo ya que se había vuelto a tasar por $ 1.700.000. Ibarra no salía del asombro, ante el pedido reiterado de rebaja de $ 200.000 con la excusa de que el embajador XuYicong no contaba con autorización para gastar más que $ 1.500.000.
• Destino
«Serán el país más grande del mundo, pero no puedo salirme de la tasación oficial», fue rotundo Ibarra. «Yo debo gastar el dinero antes del vencimiento del presupuesto o iniciar todo de nuevo; tenemos que firmar», clamó el embajador sin suerte, hasta que, recién esta semana, desde China, le autorizaron los $ 200.000 extra para firmar una compra que, de todos modos, aún no es posible: la transacción requiere permiso de la controvertida Legislatura porteña, la que debe declarar el inmueble -catalogado como de dominio público- de uso privado. Eso significa que el destino actual es para uso comunitario, una plaza o un centro cultural, por ejemplo, y el cambio debe pasar por doble lectura de una ley ad hoc, someterse a una audiencia pública para consultar a los vecinos y recién después aprobar definitivamente la ley. Es decir, varios meses más.
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