El legislador, en una entrevista radial, manifestó que esperaba que «en la próxima marcha que organice Blumberg» se pida el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. «Sobre todo, a la luz del fracaso que ha sido el manejo de la gestión de la seguridad y el fracaso que es ese ministro Fernández a cargo de la Policía», dijo Macri, quien mantiene encuentros con Blumberg a quien se menciona como posible candidato del PRO en los próximos comicios bonaerenses.
«Que con justa razón -agregó Macri- la gente empiece a pedir la renuncia porque nada sucede y lo único que hace es hablar todo el día.»
También el ministro de Interior recibió críticas de Elisa Carrió, quien presentó ayer un pedido de informes en la Cámara baja al Ejecutivo «sobre las acciones» que desarrolla en materia de seguridad, pues entiende que así lo ameritan «el crecimiento de los delitos y supuestas zonas liberadas» en la Ciudad de Buenos Aires.
Carrió, en su presentación, pide al Ejecutivo que informe «si es que cuenta con un plan integral» en materia de seguridad, al expresar su preocupación por «hechos delictivos que son de público conocimiento». El ex policía Julio Simón, alias el «Turco Julián», podría recibir una condena de hasta 50 años de prisión si prosperan los pedidos de penas que ayer formularon la querella y el fiscal del caso, que le atribuyeron el secuestro y tortura de un matrimonio durante la última dictadura.
Durante los alegatos, la querella representada por las abogadas Carolina Varsky y Alcira Ríos reclamó 50 años de encierro para Simón por los delitos de «privación ilegal de la libertad agravada y torturas» en perjuicio del matrimonio Poblete.
La querella también acusó a Simón por la «sustracción, retención y ocultamiento» de la hija menor del matrimonio Poblete, que luego fue entregada a una pareja de apropiadores.
Por su parte, el fiscal Raúl Perotti coincidió en la acusación de los delitos al «Turco Julián», pero pidió la mitad de la pena y reclamó que Simón sea condenado a 24 años y medio de prisión. La diferencia en el pedido reside en que la querella consideró que debía tenerse en cuenta el máximo de pena vigente en el Código Penal actual, mientras que el fiscal estimó aplicable la ley vigente al momento de los hechos, cuando el máximo de la pena para ese tipo de delitos era de 25 años.
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