27 de junio 2008 - 00:00

Macri contra jueces, toros y pingüinos

Además de cruzar nuevas acusaciones con el gobierno, ayer Mauricio Macri apeló el fallo porteño que avaló el acampe de kirchneristas en la Plaza del Congreso. El lunes próximo con el jefe de Gobierno en China, la Procuración hará otra apelación en contra de una magistrada que ayer paseó por el campamento y autorizó dos tiendas del oficialismo.

«Parece buscar a alguien con quien combatirse, enfrentarse a alguien que le da la oportunidad de ponerse en la escena de la discusión política», apreció ayer el ministro Aníbal Fernández sobre Macri, quien se viene quejando porque no puede desalojar los campamentos no autorizados por no contar con la Policía, que depende del gobierno nacional.

«Creo ver en el jefe de la Ciudad una sobreactuación sobre ese tema. Hace un tiempo estuvo instalada en Plaza de Mayo la gente de los casinos y nunca dijo nada», ironizó Fernández y de paso invitó al jefe porteño a «debatir sobre lo que está sucediendo».

«Que se mantenga en silencio un tiempo» y que «se ocupe de la seguridad, que claramente en la Capital y en todo el país está cada día peor», le replicó Macri al kirchnerista y sostuvo: «Estamos todos hartos de escucharlo al ministro Fernández».

Más calmo que en los últimos días, sin embargo Macri confió una duda sobre el campamento: «No sé si es tan malo para el turismo, porque debe ser bastante inédito en el mundo este tipo de payasadas que hacemos acá», dijo.

  • Apelación

    Mientras tanto, el Gobierno porteño -tal como había anticipado- apeló el fallo que emitió el polémico juez Roberto Gallardo, quien el martes pasado intervino ante un amparo presentado por el legislador porteño Diego Kravetz. El magistrado ordenó a Macri que se abstuviera de cumplir con la resolución de su ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, para levantar el campamento K, que a diferencia de la carpa del campo, no cuenta con autorización del Gobierno de la Ciudad para permanecer en la plaza. Pero ayer, ante un amparo de Compromiso K, que tiene dos tiendas en el lugar, una jueza porteña del Fuero Contencioso Administrativo, Patricia López Vergara, autorizó el acampe.

    La apelación fue presentada por el procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli, y la Cámara deberá resolver la cuestión en las próximas horas.

    La Procuración apelará el próximo lunes el fallo de López Vergara, quien autorizó la permanencia de las dos carpas de Compromiso K. Además, abogados de la procuración porteña explicaron a este diario que el toro «Alfredito», un inflable gigantesco que montaron los defensores del sector agropecuario,«también tiene que ser autorizado, porque está haciendo uso del espacio público». Lo mismo ocurre con «Cristina», la pingüina inflable, pero, según aclararon los letrados de la Ciudad, «los huevos no precisan autorización porque se trata de personas disfrazadas», como los kirchneristas que con ese atuendo replicaban al toro del campo, ya convertido en una atracción para los niños que ayer disfrutaban en los juegos y la calesita de la parte este de la plaza, pegada al animal inflable. Lo que no cuenta con normas claras es el toro mecánico que ayer instalaron los kirchneristas.

    López Vergara inspeccionó ayer por la mañana algunas de las carpas instaladas en la Plaza del Congreso, donde además, ya casi no queda reja por poner, hasta los monumentos están rodeados.

  • Infracciones

    La jueza detectó algunas infracciones menores dentro de las carpas, como la disposición del mobiliario.

    «Las carpas no tienen irregularidades para ser levantadas. Las irregularidades que se encontraron son menores», dijo la jueza. Esas infracciones consistían en tubos de gas que deben alejarse cinco o seis metros de los generadores eléctricos, como también focos de luz que debieron alejarse de las telas. La magistrada agregó que «los matafuegos están en orden» y que «no hay peligro con el plasma», pero envió a los bomberos a certificar las normas de seguridad.

    Ahora los kirchneristas cuentan con cinco días para terminar el trámite de autorización ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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