Magistratura: oficialismo sigue en guerra con la Corte y analiza movimientos frente al pos 15-A

Germán Martínez señaló que el organismo que comanda Horacio Rosatti tardó “1.577 días en emitir un fallo” y denostó a la oposición por querer avanzar con una conformación bajo “una ley de 1998, derogada en 2006”. Puja por parámetros para elegir representantes del Congreso.

Germán Martínez

El Congreso se queda sin tiempo para votar una nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura y el plazo del 15-A activará el regreso de la Corte Suprema a dicha organismo, que también presidirá. Bajo un clima de extrema tensión por las implicancias de paralizar los futuros actos judiciales, el oficialismo analiza los movimientos a seguir y renovó las críticas hacia el máximo tribunal de Justicia, además de alentar una fuerte puja por una conformación que incluso podría llegar a favorecer, pese a su baja representación legislativa, a la izquierda.

Días atrás, el Senado aprobó un proyecto con el objetivo de cumplir con el fallo de la Corte y del plazo del 15-A, pero el texto deja fuera del Consejo al máximo tribunal. De allí las trabas actuales en Diputados por votos que no aparecen, sumado al escaso tiempo y comisiones que ni siquiera fueron constituidas. Quien criticó todo esto fue el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara baja, Germán Martínez (Santa Fe). En realidad, el Ejecutivo envió una iniciativa en diciembre pasado y el Congreso ni siquiera sesionó pese a la convocatoria a extraordinarias, lo cual choca con las declaraciones del legislador de las últimas horas.

Martínez señaló -con razón- que la Corte tardó “1.577 días en emitir un fallo” y advirtió que “es un desatino” pedirle a la Cámara baja que aborde en “sólo tres días” la reforma. Luego, dejó claro que la oposición empuja una posición de tener un Consejo de la Magistratura “con una ley de 1998, derogada en 2006”.

“Es insólito que ningún dirigente opositor haya salido a respaldar esta posición. Pareciera que están cómodos dejándose marcar la cancha por un fallo judicial que limita el accionar de otro poder del Estado, en este caso el Congreso”, agregó Martínez.

La vuelta al Consejo de la Magistratura de 2006 implica regresar a 20 miembros. Por ello, varios sectores avanzaron con la elección de representantes, pero aún resta que el Congreso decida. De allí la fuerte puja que se da por estas horas en cuanto a la interpretación de qué momento debe tomarse para solucionar dicho dilema.

En el oficialismo apuntan a 2018, cuando se integró por última vez el Consejo. Eso representaría una ventaja para la exbancada de Unidad Ciudadana, que podría elegir a un legislador -suena Oscar Parrilli, vocero y ejecutor de Cristina de Kirchner- y coquetea con la izquierda para el caso de Diputados. La oposición rechaza esto y amenaza con ir a la Justicia, ya que pretende esos lugares para la UCR y el PRO en las Cámaras baja y alta, respectivamente.

Alquileres

Al cierre de esta edición, la presidenta de la comisión de Legislación General de Diputados, Cecilia Moreau, logró confirmar la lista de invitados a la primera reunión informativa para analizar cambios a la polémica ley de alquileres.

El encuentro será el primero de un combo que continuará el 19 y 20 de abril. Después, entre el martes 26 y miércoles 27 del mismo mes, los diputados intercambiarán posturas para conseguir un dictamen y cambiar una ley que fue votada por la mayoría de los espacios políticos que integran la Cámara baja, desde kirchneristas, macristas y sectores del “medio”.

De esta manera, se cumpliría con el plazo que Diputados se autoimpuso hace más de diez días atrás, cuando las autoridades del Cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir, antes del 18 de mayo próximo.

La discusión, en realidad, fue provocada por Juntos por el Cambio, tras un pedido de sesión especial para anular la ley. Tras el consenso obtenido para trasladar todo a la comisión, las bancadas analizan por estas horas los puntos a sostener de la criticada norma y la modificación de una gran parte del texto vigente, que derivó en un gran perjuicio para inquilinos y dueños. En la bandeja de cuestiones aparecen el plazo de los contratos -hoy, de tres años-, las garantías, actualizaciones y expensas, entre otras.

PRO-Moyano

El diputado Gerardo Milman y legisladores del PRO presentaron un proyecto de resolución que solicita al Ministerio de Trabajo que “tome las medidas necesarias para la cancelación de la personería gremial del Sindicato de Camioneros”, después de los últimos sucesos del fin de semana en San Nicolás.