La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma al régimen para la prestación de servicios de telefonía celular, que busca detectar a secuestradores. El proyecto apunta a que las empresas telefónicas registren los datos personales y domiciliarios de sus clientes para su consulta por parte del Poder Judicial o del Ministerio Público y además contar con tecnología suficiente para grabar conversaciones telefónicas y luego remitirlas a la Justicia. De esta manera las empresas de telefonía deberían eliminar una numerosa línea de comercialización de celulares que incluye hasta los aparatos que se vendían en supermercados listos para utilizar con tarjeta.
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