Más grave conflicto por papeleras con Uruguay

Montevideo (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El gobierno uruguayo rechazó ayer en duros términos una nota de protesta de la Argentina por la construcción de dos plantas de celulosa y ratificó su apoyo a las obras que suponen una inversión de 1.800 millones de dólares.

Uruguay «rechaza formalmente» la queja porque «no se individualizan concretamente las normas jurídicas presuntamente vulneradas, lo cual deja el acto de protesta carente de fundamento y valor jurídico», señaló una carta del canciller de ese país, Reinaldo Gargano. El texto fue entregado al embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Mayer.

En declaraciones a la prensa, Gargano se quejó por el «carácter explosivo» de las protestas vecinales en la Argentina contra el proyecto.

La administración del presidente Tabaré Vázquez entiende que «tampoco son de recibo» las acusaciones del gobierno argentino de que la construcción de las plantas de celulosa no cumple «con la obligación de asegurar que las actividades se desarrollen dentro de la jurisdicción del Uruguay y no perjudiquen el medio ambientede la Argentina».

Rechazó, además, la afirmación de las autoridades argentinas de que no fueron «informadas y consultadas» sobre una obra que, se teme, puede afectar al río Uruguay.

«Nuestro país puso a total disposición de las autoridades argentinas y a través de distintos medios y vías toda la información relacionada con las actividades objetadas», agregó la nota.

• Solicitud

Dichos datos «permiten concluir que la ejecución de las obras se realiza dentro de un marco de estricto cumplimiento de las normas jurídicas nacionales e internacionales», afirmó la misiva del canciller uruguayo.

Gargano se refiere también al Estudio de Impactos Acumulativos Uruguay-Plantas de Celulosa de la Corporación Financiera Internacional (CFI/Grupo Banco Mundial), «que muestra claramente la existencia de un proceder respetuoso del medio ambiente», señaló.

Las dos empresas implicadas en el proyecto, la española Ence como la finlandesa Botnia, solicitaron al Banco Mundial préstamos para financiar parte de las obras, a las que se opone el gobierno argentino.

El texto del canciller, que además es el presidente del Partido Socialista Uruguayo, el mismo al que pertenece el presidente Vázquez, señaló que el gobierno «deja claramente establecido que mantiene su firme voluntad política de realización de las obras, sin perjuicio de continuar avanzando en el diálogo bilateral con las autoridades argentinas».

En especial se señala la actividad del Grupo de Trabajo de Alto Nivel creado por ambos gobiernos para «complementar los estudios y análisis e intercambio de información y seguimiento de las consecuencias sobre el ecosistema compartido del río Uruguay» cuando las plantas de celulosa estén operativas.

Las empresas construyen dos plantas de celulosa en el departamento de Río Negro, en Fray Bentos, a orillas del río Uruguay donde ya existe una terminal portuaria para la salida de la celulosa propiedad de Ence y Botnia se propone construir la suya. La inversión que proyectan ambas empresas, 1.300 millones de dólares de Botnia y 500 millones de Ence, es la mayor en la historia del Uruguay.

La administración del cauce fluvial es una tarea compartida entre ambas naciones, por lo que el gobierno del presidente Néstor Kirchner tiene derecho a objetar decisiones unilaterales, al igual que su par uruguayo.

De no llegarse a una solución sobre el diferendo, ambas naciones podrían terminar ante la Corte Internacional de Justicia, dijo Raúl Estrada Oyuela, diplomático argentino encargado del caso en Buenos Aires.