Continúa, incesante, la serie de operaciones de prensa organizadas por el Grupo Clarín en plena temporada electoral. Esta guerra sucia, dominada por difamaciones y agresiones de diverso calibre, no incluye sólo a los dirigentes del oficialismo, tal como informó este diario la semana pasada. Ahora también abarca a periodistas y comunicadores que ejercen su función desde aquellos espacios que son díscolos a la influencia y los negocios de Clarín.
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Defensores acérrimos de la libertad de expresión, autoerigidos como guardianes del llamado "periodismo crítico", las operaciones de los últimos cuatro días no tienen reparos ni criterios de rigor de ningún tipo. Históricamente este tipo de maniobras Clarín las enarbolaba en forma anónima, pero ahora son sus periodistas los que realizan la tarea abiertamente. Tal es el caso de la presentadora del canal TN Sandra Borghi, que denunció por supuesto acoso al locutor Víctor Hugo Morales. Las afirmaciones de Borghi son en extremo injuriantes y se espera, cuanto menos, que tenga material y archivo para demostrarlas ante la Justicia cuando el caso así lo requiera. Es muy fácil soltarlas en el candor de las redes sociales.
Algo similar ocurrió el día de ayer en el diario La Nación con un editorial firmado por el comentarista de espectáculos Pablo Sirven desde el cual cuestiona al periodista Roberto Navarro, de la señal C5N, por supuestos cambios en su línea editorial, y da cuenta de su actividad comercial como si lo estuviera acusando de un delito.
Una persecución que Sirven bien podría ensayar con los propietarios de su medio, que esperan la resolución de una causa por una millonaria evasión económica y están en vilo ante la posibilidad de que la Cámara Federal cite al director del diario a indagatoria por haber obtenido una empresa bajo coacción a precio vil, en la última dictadura militar.
