La Cámara de Diputados votó ayer afirmativamente un nuevo régimen de provisión de medios para la defensa nacional. La iniciativa, apoyada por todos los bloques, unifica en el ámbito del Ministerio de Defensa todos los procedimientos de compras y producción de armamentos e insumos para las Fuerzas Armadas. De aprobarse la medida en el Senado, será entonces Nilda Garré y no Felisa Miceli la encargada de supervisar y definir todo lo relacionado con la provisión de medios para la defensa nacional. Se trata de un paso más en la reforma militar que el oficialismo impulsa para quitarles todo poder de decisión a las autoridades castrenses, y que culminará con el traslado de la definición de las necesidades presupuestarias del Estado Mayor Conjunto a la cartera de Defensa (hasta ahora lo definía Economía).
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El proyecto, aprobado ayer por 159 votos a favor y una abstención, fue redactado por Jorge Villaverde, el legislador justicialista, integrante del neokirchnerista Peronismo Federal, quien preside la Comisión de Defensa de la Cámara baja. En el artículo 3 de la iniciativa se atribuye también al Ministerio de Defensa la facultad de «intervenir en la autorización para la radicación y funcionamiento en el país de instalaciones destinadas a la fabricación, reparación y mantenimiento de instalaciones destinadas a la fabricación, reparación y mantenimiento de todo tipo de armas y sistemas de armas (...) tanto de uso civil como militar, así como de todo otro tipo de material para defensa».
Será Garré también la encargada de elaborar un Plan Anual de Obtención de Medios para la Defensa, así como de promover la capacitación educativa, tecnológicay científica de los uniformados. Pero sus facultades también se extenderán a cuestiones vinculadas con el comercio exterior: será Defensa quien reglamentará -de acuerdo con este proyecto de ley- el régimen de control de las exportaciones e importaciones de armas, material y tecnologías destinadas a las Fuerzas Armadas. El radical Alfredo Cornejo, uno de los principales impulsores de la concertación UCR-Frente para la Victoria, fue el encargado de expresar la postura de su bloque en esta materia: «Esta iniciativa se genera a partir de un contexto que le era desfavorable a la producción militar ya que el proceso de privatización de los complejos castrenses perjudicó al país. Pero en esta ley radica el rol central que la tecnología volverá a tener en el campo militar».
Aunque el partido de Elisa Carrió también votó a favor en el recinto,el legislador del ARI Adrián Pérez manifestó su preocupación por la redacción del artículo 14, que establece: «Se excluye de las prescripciones de la Ley 24.045 -de privatizaciones- a la Dirección General de Fabricaciones Militares y a las fábricas que de ella dependen». Para el arista, este apartado, al no especificar que estas empresas que dependen de Fabricaciones Militares pasan a la órbita del Ministerio de Defensa -es decir, continúan bajo la órbita del Ministerio de Economía-, se deja la puerta abierta para transferirlas a la cartera de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido. Temen, por lo tanto, que al tratarse de empresas altamente rentables sean sometidas a un régimen similar al que se le dio a AySA: convertirlas en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
El proyecto de Villaverde reivindica también, paradójicamente, parte del contenido de la Ley 24.948 dictada en 1998 durante la gestión de Carlos Menem. Establece la iniciativa que una Comisión Parlamentaria de Seguimiento de la Reestructuración Militar -contemplada en esa ley de los 90- deberá analizar los planes de renovación de medios para la Defensa y formular observaciones. En los pasillos del Congreso se comentaba ayer que la intención de los legisladores era poder controlar futura cataratas intempestivas de reformas en este ámbito, teniendo en cuenta que Néstor Kirchner ya decidió en los últimos días varias modificaciones de política militar sin ningún control parlamentario.
Según este proyecto, el Consejode Seguridad Interior deberá remitir al Ministerio de Defensa los requerimientos de equipamientos de las fuerzas de seguridad, Policía Federal, policías provinciales y municipales. La cartera de Garré recomendará las fuentes para cubrir estas necesidades, que sólo podrán ser modificadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
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