El encono de la Iglesia Católica con el gobierno nacional roza ya límites insospechados. Sobre todo, porque desde la cúpula eclesiástica se emiten, casi en tono metafórico, permanentes señales de molestia hacia el gobierno. Pero a la hora de sincerar la relación Iglesia-Estado, se llaman a silencio.
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El análisis de la relación se reduce entonces a la suma de los indicios que configuran el accionar de los prelados. El más reciente de ellos, una carta enviada por el obispo de San Justo, Baldomero Carlos Martini, a Daniel Scioli en la que se expresa una profunda preocupación por lo que la Iglesia Católica considera gestos de «imposición totalitaria estatal» y avances del Poder Ejecutivo sobre las instituciones.
La última estocada de la Iglesia apunta a rechazar el proyecto de educación sexual obligatorio que será convertido en ley por el Senado. Luego de ser aprobado en la Cámara baja con los votos del kirchnerismo y de la oposición, ahora el Senado comandado por Scioli lo convertirá en ley.
La Conferencia Episcopal Argentina, liderada por el cardenal Jorge Bergoglio, maquilla la tensa relación con el gobierno a través de esporádicos encuentros con ministros como Aníbal Fernández, Jorge Taiana y Daniel Filmus. Pero el diálogo entre Néstor Kirchner y Bergoglio está congelado.
El oficialismo, para evitar un mayor nivel de confrontación con la Iglesia, prefiere no comentar la participación de prelados como el misionero Joaquín Piña en la vida política. El obispo lidera una lista de convencionales que se oponen al intento reeleccionista del gobernador de Misiones, Carlos Rovira.
Antecedentes
Pero el enfrentamiento entre la Conferencia Episcopal Argentina y el gobierno se remonta a la postura de Ginés González García a favor de la despenalización de todos los casos de aborto y a la respuesta del obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, que había sugerido arrojarlo al mar por sus declaraciones. A ese incidente se sumaron iniciativas gubernamentales que molestaron a la Iglesia Católica,como las leyes de métodos anticonceptivos que habilitan la práctica gratuita y sin prescripción médica de ligaduras de trompas y vasectomías. En esa oportunidad, la CEA también se opuso, pero de nada valieron sus reclamos.
La respuesta de la Iglesia no se hizo esperar: lanzó una red de laicos que controlará en todo el país los abusos institucionales y casos de corrupción en la administración pública. Para colmo, desde la Pastoral Social de monseñor Jorge Casaretto siguen las rondas de consultas -ya se reunieron con la CGT, la UIA y la AEA- para promover una más equitativa distribución de la riqueza, uno de los temas que más preocupan al gobierno.
En la carta enviada por Martini a Scioli, el obispo afirma que el actual proyecto de educación sexual tiene dos «inconstitucionalidades patentes»: «imposición totalitaria estatal» de un único modelo en esa materia y la «falta de un espacio de capacitación para los progenitores».
«El proyecto está en revisión, de modo que es la oportunidad para corregir los defectos del articulado e, incluso, de enfoque. Esto, además, daría un cierto alivio a la opinión pública, muy alarmada por el creciente avance del Poder Ejecutivo por sobre los otros poderes, en especial, sobre el Congreso de la Nación. Sin duda, una revisión concienzuda y amplia del articulado implicaría que no se trata del ciego acatamiento de una orden 'secreta' bajada de la Presidencia de la Nación», afirma Martini en su carta, casi en tono de chicana política sobre la Cámara alta.
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