Giro de Comodoro Py con metamensaje: apunta los cañones hacia Macri

Política

Sala II, con decisiones lógicas: impide cierre de la causa penal por la negociación por la deuda del Correo de la familia presidencial y anula fallo que procesaba a exfuncionarios K, pero también beneficiaba a Calcaterra por sobornos. Impensado: Bonadio pone el ojo en Paseo del Bajo.

Comodoro Py se desperezó luego del resultado electoral de la Primaria e hizo gala del olfato que caracteriza a los jueces federales cuando los tiempos políticos parecen mutar. La Cámara Federal disparó una serie de resoluciones que tienen varios beneficiarios, pero un principal perjudicado: el presidente Mauricio Macri. Por un lado, ratificó que la causa Correo Argentino continuará siendo un dolor de cabeza de índole penal para el mandatario y su familia por las presuntas irregularidades en el intento de acordar una quita en la deuda que tiene la empresa con el Estado. Por el otro, anuló una serie de procesamientos dictados en una de las investigaciones trasnacionales más sensibles: el capítulo argentino del caso Odebrecht y la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El tribunal no sólo benefició a un puñado de exfuncionarios de Planificación encabezados por Julio De Vido -que habían sido procesados- sino que anuló la falta de mérito otorgada en primera instancia contra todos los empresarios que habían participado del consorcio y para el fiscal habían pagado sobornos, incluyendo al primo presidencial, Ángelo Calcaterra, por IECSA. Adicionalmente, retrotrajeron la situación del único arrepentido en ese expediente que se había retractado cuando debía ratificar que fue el primo de Macri el que intentó llevarle el “negocio” del soterramiento al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.

Dato adicional impensado: Claudio Bonadio decidió emprender una pesquisa sobre la licitación del Paseo del Bajo denunciada por irregular por la Auditoría General de la Ciudad. La beneficiaria de uno de los tramos por $3.183 millones fue otra vez IECSA. La fiscal Alejandra Mangano impulsó la acción penal y solicitó colaboración a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo de Sergio Rodríguez y se presentaron en AUSA para solicitar todos los datos del proceso licitatorio que impacta de lleno en el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como responsable político. Para Rodríguez ya había resultado sospechoso que se “alterara la normativa” para que concursaran las empresas.

Con las firmas de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, la Cámara rechazó los planteos tendientes a cerrar la causa penal que investiga supuestos delitos en el acuerdo calificado de abusivo por la fiscal comercial Gabriela Boquín entre la empresa Correo Argentino y el Estado por el pago de una deuda millonaria. En tanto, ratificó también las indagatorias a los imputados, entre ellos al ministro Oscar Aguad, lo que traducido significa que despejó el camino para que el juez Ariel Lijo procese al ahora ministro de Defensa por su responsabilidad en la negociación que causó el primer cisma político en Cambiemos. Ese golpe podría llegar antes del 27-O.

Las defensas, entre ellas la del presidente de la firma, Jaime Cibils Robirosa; su abogado, Jaime Leonardo Kleidermacher; y Aguad y Juan Manuel Mocoroa realizaron diversos pedidos tendientes a cerrar el caso por inexistencia de delito y a anular los pedidos de indagatorias que ya tomó Lijo. La Sala II sostuvo que en el caso hay hechos controvertidos y posiciones contrapuestas que deben ser investigadas y aclaradas por lo que no puede cerrarse la investigación que tiene además de la faz comercial -cada vez más prolongada- un cariz penal por el supuesto intento de perjudicar al Estado con un acuerdo con quita de deuda. Los camaristas se basaron en jurisprudencia según la cual la “excepción de falta de acción” por inexistencia de delito sólo procede en tanto y en cuanto ello “luzca manifiesto” y recordó que ese tipo de planteos “sólo son viables cuando la falta de correspondencia de lo narrado en la denuncia, con alguna figura delictiva resulte en forma palmaria de la mera descripción efectuada en el acto promotor”. El juez Lijo, de acuerdo al fiscal Gerardo Pollicita, había rechazado los planteos y ratificó un accionar irregular por parte los representantes del Estado dirigido a beneficiar a una empresa privada en perjuicio de intereses públicos. La decisión de la Cámara lució lógica, aunque políticamente fue leída como un revés para Macri.

Lo mismo ocurrió con lo referido a Odebrecht. De hecho, lo polémico había sido la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que a contrapelo de los pedidos de la fiscalía a cargo de Franco Picardi afirmó que solo podía procesar a los exfuncionarios encargados de la licitación, que no encontró elementos para confirmar sobornos (pese a que había giros sospechosos en Andorra que terminaron en Uruguay a favor de la UTE) y que los familiares del único arrepentido, Manuel Vázquez, debían ser sobreseídos antes de que se homologue el acuerdo por la confesión del asesor de Jaime. Ante este panorama, la decisión (también de la Sala II) luce adecuada para encarrilar la investigación, más allá del timming y de la lectura lineal sobre el beneficio a los a los exfuncionarios, De Vido, Jaime, Vázquez, Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y José López. Los delitos eran negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y dádivas.

El tándem Irurzun-Bruglia hizo eje también en la ausencia de pruebas llegadas desde Brasil sobre los ejecutivos arrepentidos de Odebrecht, cuyas delaciones estaban siendo acordadas por Picardi con sus pares brasileños. “Hay cosas que (el juez) necesariamente tenía que analizar y no analizó”. Los empresarios con falta de mérito eran 22 integrantes del consorcio compuesto por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S. A. “Las faltas de mérito de los miembros de las sociedades adjudicadas sólo se apoyaron en la -supuesta- falta de corroboración de la hipótesis de sobornos, sin ninguna referencia a la imputación mencionada, que claramente formó parte de la descripción fáctica de sus indagatorias previas y era de tratamiento obligado, dado el criterio aplicado con relación a los agentes del Estado”, indicaron. Resalta la Cámara que la fiscalía habló de “provecho económico” de las empresas y de “un enriquecimiento injustificado” de aquellas. “No fue éste un punto suficientemente tratado, pese a que, según alegan las partes acusadoras e imputadas, había prueba en uno y otro sentido (perjuicio económico / ausencia de ello)”, puntualizaron. Fue la misma Sala que hace un año había señalado que la pesquisa por el Soterramiento debía extenderse al comienzo de la participación de IECSA en la licitación, cuyos primeros actos administrativos se dieron cuando todavía estaba bajo control de la familia Macri.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario