Rodríguez Simón y Torello, tampoco quieren rendir cuentas ante la Justicia

Política

Los dos son íntimos de Macri, y fueron miembros de la mesa judicial del PRO. No quieren que se haga el entrecruzamiento de llamadas.

Dos de los miembros más encumbrados de la mesa judicial del macrismo, como lo fueron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, principal operador judicial de Mauricio Macri, y José Torello, jefe de asesores del expresidente, tampoco quieren rendir cuentas ante la Justicia permitiendo que se entrecrucen sus llamados, para determinar los alcances de la persecución del Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos.

Ante la jueza María Servini llegó Gustavo Urquieta, abogado defensor de Rodríguez Simón, para plantear la nulidad de la orden dada por la propia magistrada para entrecruzar los registros telefónicos del propio Rodríguez Simón, Mauricio Macri, José María Torello, Nicolás Martín Caputo, Mario Eugenio Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, y Leandro Germán Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Jorge Rosner.

La diligencia solicitada por Servini se da en el marco de la causa 16850/2019 caratulado, “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita querellante: De Sousa, Carlos Fabián y otro”, en la que el empresario y accionista del Grupo Indalo, Fabián De Sousa, denunció un accionar coordinado de los miembros del Gobierno de Macri y de empresarios para menoscabar las empresas del Grupo Indalo para luego quedarse con ellas.

Al igual que lo había hecho Mauricio Macri, el abogado argumentó que “la medida dispuesta era innecesaria, inadecuada y desproporcionada, lo que violentaba el derecho a la intimidad y privacidad de Rodríguez Simón, además que no se encontraba debidamente fundamentada, lo que a su vez afectaba el derecho de defensa y debido proceso”.

Además Rodríguez Simón, hoy refugiado en Lotería de la Ciudad Fabián, el resto de los imputados en la causa por asociación ilícita, también buscaron impugnar que la justica tenga acceso a su listado de llamadas y contactos frecuentes en determinadas fechas. El exjefe de asesores José Torello y el exvicejefe de Gabiente Mario Quintana buscaron que se declare nulo el peritaje ordenado por la jueza María Servini respecto a sus contactos telefónicos y comunicaciones en momentos clave del devenir de la causa Oil Combustibles. Todos los argumentos para bloquear el pedido de medidas de prueba fueron desechados por el fiscal Guillermo Marijuan y derivaron en el fallo de Servini que ordena avanzar con la causa y rechazar las nulidades.

En sintonía con Macri, la defensa de Rodríguez Simón “afirmó que la información requerida no generaba una actividad eventualmente probatoria sobre personas determinadas (las denunciadas), sino sobre un importante universo de personas, no identificadas en el requerimiento de instrucción, que indudablemente luego serían sometidas a escudriño respecto de si pudieron haber tenido participación en lo denunciado, lo que avasallaría sus garantías constitucionales”. El exparlamentario puso como excusa que quienes aparecieran en su listado podrían ser identificados, uno de los objetivos de la medida de prueba. La jueza aclaró en su rechazo que no se tomarán en cuenta quienes hayan sido ajenos a la maniobra. “También agregó que la medida dispuesta no se encontraba debidamente motivada, por presentar una fundamentaron insuficiente y contradictoria con las constancias de la causa, lo que afectaba el derecho de defensa y debido proceso”, idéntico planteo al de Macri.

Por su parte, Quintana sostuvo que “la simple suposición de un delito, como se avirozaba en autos, no autorizaba a investigar y mucho menos a inmiscuirse en las comunicaciones y ubicación temporal/espacial de quienes dirigieron la Nación durante cuatro años”. Y agregó una curiosa comparación: “Que no se estaba en presencia de una banda de narcotraficantes, que debía reconstruirse lo que hicieron durante tres años, sino ante personas que iban desde el Ex Presidente de la Nación hasta asesores del más alto prestigio”.

Torello se enfocó en otro aspecto. Indicó “que durante el período de tiempo abarcado por el estudio resultó ser apoderado del partido político “Propuesta Republicana” (PRO), por lo que la indagación acerca de sus interlocutores frecuentes y comunes con otras personas derivaría en que sin tener vinculación alguna con el hecho se ventilaran cuestiones relacionadas con la actividad partidaria política de esa entidad”. Es un interrogante el motivo por el que esa información debería quedar por fuera del alcance de la justicia.

En una resolución de hoy, la jueza Servini rechazó el planteo de nulidad, y dejó firme su disposición para que se haga el entrecruzamiento de llamadas, y se determine además la localización de las distintas personas involucradas al momento de las comunicaciones, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019.

En sus argumentos la jueza realizó un minucioso análisis de los hechos obrantes en la causa. “Tal como minuciosamente lo detallara el Fiscal Federal, la causa tiene por objeto la investigación de diferentes sucesos que habrían tenido lugar a partir del año 2015 y que habrían implicado el ejercicio de presiones a partir de actos públicos, mediante notas periodísticas, y en la esfera privada, a través de reuniones en las que habrían participado quienes entonces eran funcionarios del Poder Ejecutivo (incluso el ex Presidente de la Nación); desarrollados también a partir de medidas adoptadas en el ámbito de la administración pública y/o a instancias de organismos del ejecutivo en el ámbito judicial, con las que se habría perseguido el propósito de que los medios de comunicación que integran el Grupo Indalo adquirieran una línea editorial afín al gobierno encabezado por Mauricio Macri”, dice la jueza.

“El argumento utilizado por una de las partes, que no existe ‘hecho’ a ser investigado ni pruebas que eventualmente lo respalden, amén de contradecirse a sí mismo, es una discrepancia en cuanto a la valoración probatoria efectuada por quien suscribe que para nada puede ser fundamento para afirmar que una medida de prueba es violatoria de garantías constitucionales”, afirma Servini al rechazar el planteo de nulidad solicitado por Rodríguez Simón, Torello, Quintana y Macri.

También, rechaza otro de los argumentos, al decir que “respecto a la posible afectación a derechos de terceros ajenos al expediente, sin perjuicio de ser un argumento hipotético y conjetural, la realidad es que ya se dejó asentado al momento de no hacer lugar a las apelaciones, que en caso de que se obtuviere información que no tuviere que ver con lo que aquí se investiga, tales datos serán excluidos del bagaje probatorio”.

Servini rechazo nulidad de entrecruzamiento 29 de julio

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