Testigo apuntó a Mecikovsky por la intervención de AFIP sobre Báez

Exfuncionario aseguró que dio la orden para que se vinculen las fiscalizaciones por facturas apócrifas.

Lázaro Báez.

Imagen: Wikipedia

El único juicio que está en curso contra la actual vicepresidenta, Cristina de Kirchner, transita una etapa alejada del objeto procesal y empantanada en torno de inspecciones fiscales por facturación apócrifa y evasión impositiva por parte de empresas relacionadas al Grupo Austral. Su titular, Lázaro Báez está imputado en esta causa por haber sido el presunto beneficiario del direccionamiento que la acusación busca demostrar. Sin embargo, esas investigaciones impositivas ya cursan en el fuero penal económico y muchas de ellas se resolvieron con moratorias por vía administrativa.

En la audiencia de este martes continuó la declaración bajo juramento de Pablo Legardón, jefe de la División de Fiscalización Externa de Mar del Plata. Desde los tribunales de la ciudad balnearia, vía Zoom, profundizó sobre la relación entre el Grupo Austral y otras empresas constructoras. Al igual que el resto de los funcionarios de AFIP que ya declararon, el contador Legardón confirmó que la empresa Constructora Patagónica fue investigada por facturación trucha y que constató una conexión de esa firma con Austral. Sin embargo, ante la pregunta del fiscal adjunto Sergio Mola dijo no recordar las cifras exactas de la presunta evasión.

El objetivo del Ministerio Público es relacionar esas irregularidades impositivas con el supuesto objetivo de beneficiar a Báez con las obras de Santa Cruz. Mientras que la defensa del empresario busca demostrar que lo que ocurrió fue una persecución en su contra encabezada por los funcionarios de la AFIP que respondían a Jaime Mecikovsky, el hombre de confianza de Elisa Carrió dentro del organismo.

“Nos llegó una orden de intervención con presupuesto de gastos que fueran apócrifos. A partir de ahí se ordenó desde el juzgado hacer la fiscalización en otros aspectos”, dijo Legardón. “¿De qué órgano y de qué funcionario emanó la orden?”, preguntó Juan Villanueva, abogado de Báez. “La definió la Subdirección del Interior, el canal que sigue viene desde investigación, si mal no recuerdo fue un cargo dispuesto por jefatura”, respondió el testigo. “¿Recuerda los funcionarios?”, insistió el defensor. “El contador Mecikovsky y el director regional, Manuel Rodríguez”, admitió.

El segundo testigo de la jornada también dijo haber detectado un nexo vía facturación entre Constructora Patagónica y Austral. Se trató de Martín Miguel Casanovas, inspector de la Dirección Regional de Mar del Plata, a cargo de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP/DGI, dependiente de Mecikovsky.

En tono más confrontativo que su antecesor, Casanovas aseguró que “Constructora Patagónica (CP) había hecho una subfacturación a Austral” y dijo que había hecho un sobreprecio”. “¿Cómo llegaron a determinar que en la facturación de esta firma hacia Austral había sobreprecios?”, repreguntó la fiscalía.

“Lo que recuerdo que hicimos en ese momento fue analizar su rentabilidad. Una parte de los gastos eran facturas apócrifas. Eso era muy importante, tenían mucho peso en los períodos 2010, 2011, 2012. CP empieza a adquirir maquinarias y estas empresas le empezaron a facturar los alquileres. Esos alquileres formaron parte del costo. Lo que nosotros analizamos para los años 2013 y 2014 es que para llegar a los obradores de las rutas del sur, las maquinarias tenían que circular por las rutas. Para eso hacía falta unos permisos de la Dirección de Vialidad. Lo que concluimos es que si bien las máquinas podían haber sido compradas y alquiladas por las mismas sociedades, no podrían haber sido trasladadas sin esos permisos”.

En concreto, lo que hizo el testigo fue concluir que porque no detectaron que se hayan pedido los permisos para circular maquinaria pesada, en realidad no se alquilaron las máquinas, que componían parte del total de lo facturado. “Es como si yo me tomo un colectivo y pago mil pesos el pasaje, pero me dicen que el costo del boleto debería haber sido menor porque la línea de colectivos no pagaba los permisos”, ejemplificó uno de los abogados de los imputados ante la consulta de Ámbito.

Tras una extensa jornada, la declaración pasó a un cuarto intermedio hasta el martes que viene, oportunidad en la que las defensas buscarán repreguntar específicamente sobre este punto.