Memorando con Irán: terminó audiencia clave y ahora el Tribunal define si se hace el juicio

Política

Querellantes intiman a fijar fecha de inicio de juicio, defensas denuncian "papelón internacional". Exhibición de notas de Cancillería e Interpol que dan cuenta de inexistencia de delito; y pedidos para investigar a los que "tramaron" este "monstruo jurídico, pilar del lawfare". Inminente resolución del tribunal.

En una nueva y última jornada de una audiencia pública clave por la causa iniciada contra el Memorando con Irán, defensores, querellantes y fiscal expusieron con vehemencia sus posiciones. Esa así que se dio por cerrada la convocatoria y el Tribunal ya está en condiciones de dictar una resolución que será escrita.

Los defensores de los acusados fueron categóricos e insistieron en que la reapertura de la causa del Memorando con Irán “fue una decisión política articulada” entre el gobierno de Mauricio Macri y jueces de la Cámara de Casación Penal.

Sorprendió la presencia en el zoom del abogado querellante que representa a dos familiares de víctimas del atentado a la AMIA, Tomás Farini Duggan. Lo hizo para exigir al Tribunal oral que fije fecha para comienzo del juicio por la causa del Memorando con Irán, de lo contrario, anticipó que acudirá a Casación Penal y a la Corte Suprema. Pidió que se rechacen los pedidos para no realizar el debate y volvió a cuestionar la audiencia que, según advirtió, “transita al margen de la ley”.

Hasta ahora no se había presentado a ninguna de las cinco jornadas por las que pasó la audiencia en la que se debate la posible nulidad de la causa, a raíz de las visitas al entonces presidente Macri de dos de los jueces que la reabrieron en diciembre de 2016, los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Antes de la exposición de la querella, el fiscal federal Marcelo Colombo insistió en la realización del juicio al rechazar los planteos por inexistencia de delito, falta de acción y las nulidades. A pesar de que se conocieron las visitas de jueces de Casación a Mauricio Macri, el fiscal argumentó que no hay prueba ni hechos nuevos como para no realizar el debate oral.

En la audiencia oral, Colombo diferenció el caso del Memorando, de la causa por el dólar futuro que fue cerrada por inexistencia de delito. En esta última, el fiscal recordó que sí hubo un hecho nuevo y contundente, que fue la pericia que concluyó que no se ocasionó un perjuicio económico con la supuesta maniobra investigada.

Tras la audiencia encabezada por el Tribunal Oral Federal 8, los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado ya están en condiciones de definir si se hace o no el juicio en el que están acusados entre otros la vicepresidenta Cristina Kirchner y el Procurador del Tesoro Carlos Zannini.

Varios abogados defensores insistieron hoy con los pedidos de sobreseimiento, algunos con exposiciones jurídicas y políticas, como Eduardo Barcesat, que representa a Angelina Abbona. No dudó a la hora de pedir que deben ser investigados quienes “ha tramado este sólido adefesio”, en referencia a la causa que fue desestimada en todas las instancias y luego reabierta de una manera irregular, afectando los principios de independencia y la imparcialidad.

Por su parte el abogado Mariano Fragueiro Frias, que representa al actual Procurador del Tesoro Carlos Zannini, realizó una exposición apoyándose en la exhibición de dos notas intercambiadas entre la cancillería e Interpol semanas después de la firma del Pacto con Irán en las que inequívocamente refieren al carácter permanente de las circulares rojas y que se mantendrán invariables más allá de la suscripción del acuerdo diplomático.

Ambas notas, fechadas el 15 de febrero de 2013 y el 15 de marzo de ese mismo año, sería prueba nueva que avalaría la postura de que no existió delito.

Al cerrar el debate, Aníbal Ibarra, defensor de Oscar Parrilli, pidió el dictado de sobreseimientos. “No se puede seguir adelante con una farsa armada por una decisión política del ex presidente” con la que “se metió presa a gente”.

“La reapertura de la causa fue una decisión política del ex presidente articulando con los dos jueces de Casación”. Y exhortó a los jueces a “no ser funcionales a la persecución”.

Antes la abogada Lucila Larrandart, representante de Andrés Larroque, remarcó que el propio fiscal ante Casación Javier De Luca había considerado un absurdo sostener que la firma de un tratado era un delito.

El fiscal en su momento había dicho que judicializar el pacto con Irán “abriría una puerta para que de aquí en adelante cualquier presidente o canciller sean enjuiciados por actos similares".

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