Los cambios realizados en la ley provincial 7.722 en Mendoza, que permite el uso de sustancias químicas en la minería y que generó protestas y una multitudinaria marcha en la provincia, sigue generando cruces de opiniones y preocupaciones.
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La multitudinaria movilización frente a la Casa de Gobierno de Mendoza contra la reforma terminó con incidentes, que dejaron más de 40 detenidos y 16 policías heridos. A pesar de las protestas, el gobierno provincial promulgó las modificaciones aprobadas en la Legislatura el viernes pasado que permiten el uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico, algo que la ley 7722 previamente prohibía. En este marco, se conocieron varias opiniones sobre el tema.
El presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con la senadora nacional por el Frente de Todos por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, para "interiorizarse" sobre las movilizaciones y protestas.
El Presidente indicó que la reunión de dos horas se generó para que la senadora mendocina pudiera explicarle "qué es lo que está pasando" en Mendoza. "Sé que es un conflicto de la provincia pero me preocupa la tensión social", expresó Fernández.
Desde su cuenta de la red social Twitter, Fernández Sagasti afirmó: "Uno de los límites que planteé claramente es que se deje que la gente se exprese y se los escuche". "Si el Gobernador (de Mendoza) Rodolfo Suárez elige el camino de la represión, estaré siempre en la vereda opuesta", manifestó la senadora.
Por último, pidió al gobernador de Mendoza que "sea responsable", y manifestó: "Siempre iré por el diálogo, la razonabilidad y los consensos. El clima social merece dirigentes a la altura de la circunstancias".
El gobierno de Mendoza de Rodolfo Suarez destacó que la ley "quedó abierta la posibilidad de diversificar la matriz productiva" y destacó que será" bajo estrictos controles que garantizan la protección del agua y del medio ambiente".
"Se estima que la actividad pueda generar 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios)", indicó en un comunicado y aseveró que quedaron abiertas las puertas para dar inicio a 19 emprendimientos.
De esto modo, señaló la gobernación, "se posibilita no solo la diversificación de la matriz productiva, sino que además se reactivará una actividad que moverá en la provincia recursos por alrededor de u$s 349.234 millones (valor bruto del mineral), bajo estrictos controles que garantizan la protección del agua y del medio ambiente".
Marcelino Iglesias sostuvo que la nueva ley aporta "un marco racional y lógico" para la regulación de la actividad. "Las modificaciones recientemente aprobadas en la ley 7.722 apuntan a transformar una norma que estigmatizaba y de hecho prohibía la minería en la provincia, en una ley que aporta un marco racional y lógico para regular esa actividad", expresó a través de un comunicado.
"Digámoslo con todas las letras: la ley aprobada en el año 2007, casi sin debate y a impulso de los grupos ambientalistas, era una mala ley: sin fundamentos científicos y con un sesgo claramente prohibitivo hacia la minería", agregó.
"Durante todo el año 2018, se discutieron proyectos de modificación en el ámbito natural que es la Legislatura Provincial. Allí sí se dio el debate. Nuestro entonces candidato a gobernador, Rodolfo Suarez, hizo lo que se hace en cualquier país democrático: someter, durante la campaña, el tema a consideración del conjunto de la población. Y la gente votó en el sentido de cambiar la ley", explicó el intendente de Guaymallén.
El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, dijo que "la competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial” y aclaró que el Gobierno nacional “no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente", dijo el camporista.
Cabandié aseguró que tomará medidas en "la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado", respaldado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas.
"Se dispuso que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales", agregó el comunicado.
El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, detalló que los cambios "fueron impulsados desde el Ejecutivo con consenso pleno de los distintos partidos" y destacó que las organizaciones ambientalistas se reunieron con representantes de distintos partidos y les llevaron sus inquietudes pero que lo que se pretende es "elevar los estándares de control minero".
"La Ley tiene representatividad y se está trabajando con altos estándares ambientales", precisó Mingorance. "El oficialismo del Frente Cambia Mendoza y el Partido Justicialista votaron a favor y en contra de la ley, digamos que no se votó en bloque. Entonces esto tiene representatividad. Estamos yendo por los canales institucionales democráticos", aseguró el titular de la cartera ambientalista.
Mingorance aseguró que "se está trabajando con altos estándares ambientales al igual que hicimos con el fracking", y en ese sentido agregó: "Buscamos que se compare con los mejores ejemplos, no con los malos. Un ejemplo positivo es Australia, que genera el 40% del PBI a través de la actividad minera".
La diputada nacional kirchnerista Gabriela Cerruti ponderó la masiva movilización contra la minería contaminante y comparó la potencia del ambientalismo con "la irrupción del feminismo" como sujeto político. "Es imprescindible trabajar en la transición hacia una comunidad sostenible que deje de explotar a la naturaleza. Si creen que van a acallar el reclamo popular con represión, no están viendo la profundidad del movimiento mundial ecofeminista", recalcó.
El arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Daniel Colombo, también sentó posición a favor de los manifestantes y le escribió una misiva a Suárez pidiéndole que deje sin efecto la medida. "Quienes tienen altas responsabilidades a su cargo, también deben escuchar el clamor del pueblo, es parte del delicado arte de gobernar y que no necesita llegar a situaciones límites para percibir cómo una determinada cuestión es vivida por la gente", le expresó.
"Para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común, se requiere consenso específico y explícito, de otra forma se pone en riesgo la amistad social, y se apuran definiciones que necesitan tiempo para ser discernidas y decididas", concluyó el religioso.
Un cálculo de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) estimó los recursos que se podrán extraer. Los proyectos que podrían avanzar a partir de la aprobación de las modificaciones legales son Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre).
Desde la Camem explicaron que en los primeros cinco años, y con siete minas en producción, podrían generarse u$s 1.215 millones, lo cual incluye consumos en bienes y servicios por u$s 456 millones y otros u$s 342 millones en producción, por el compre local.
En cuanto a la recaudación del Estado, la carga tributaria directa anual alcanzaría los u$s 114 millones, y si se consideran los encadenamientos productivos, la recaudación para la provincia sería de u$s 213 millones.
Durante la etapa productiva, en tanto, se necesitarán 9.810 personas, pero se calcula que por cada uno de ellos se generan más de tres puestos indirectos (29.430 empleos), con lo cual se llegaría a un total de 39.240 puestos de trabajo.
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