La minería sanjuanina acaba de sumar dos movimientos que marcan el rumbo que buscará imprimir la provincia durante el desarrollo de los grandes proyectos de cobre. Por un lado, la Legislatura aprobó la nueva Ley de Desarrollo Minero Local, una normativa que fija objetivos concretos para ampliar la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos en la cadena de valor. Por otro, el proyecto Vicuña anunció una nueva ronda de negocios destinada a incorporar proveedores locales para dos importantes licitaciones de infraestructura eléctrica, con el acompañamiento de la plataforma internacional Achilles como sistema de registro y validación de empresas.
San Juan endurece el compre local minero con nueva ley y Vicuña acelera la incorporación de proveedores
La provincia aprobó una ley que fija un mínimo del 80% de mano de obra sanjuanina y 60% de contrataciones para empresas locales. Vicuña lanzó una nueva ronda de negocios para sumar proveedores locales junto a Achilles.
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MInería en San Juan. Las próximas licitaciones de Vicuña y la capacidad de las empresas sanjuaninas para integrarse a proyectos cada vez más complejos serán uno de los desafíos de la nueva etapa del cobre local.
La coincidencia de ambos anuncios no pasa inadvertida. Llega pocas semanas después de la polémica generada por la adjudicación de una etapa del campamento de Vicuña a un consorcio integrado por la argentina RAFA S.A. y la china Beijing Chengdong, decisión que despertó cuestionamientos entre fabricantes nacionales y asociaciones de proveedores mineros.
En ese contexto, tanto el Gobierno provincial como las compañías comienzan a mover fichas para fortalecer la participación local de cara a la etapa de construcción de los proyectos cupríferos más importantes del país, aunque Vicuña ya lo viene haciendo, como por ejemplo, con la contratación de la empresa calingastina Caterwest en la licitación del catering, hotelería y limpieza en sitio.
San Juan fija nuevas reglas para el desarrollo minero
Con 32 votos positivos y apenas dos negativos, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una de las normas más esperadas por el ecosistema minero provincial.
Conocida dentro del sector como la "ley de proveedores", la iniciativa fue consensuada previamente entre el Gobierno provincial y las principales cámaras empresarias e industriales, con el objetivo de generar un marco de previsibilidad para las inversiones sin perder de vista el desarrollo económico local.
La norma no impone cupos obligatorios mediante sanciones automáticas, sino que establece objetivos medibles que las compañías deberán incorporar en sus planes de desarrollo.
Entre los principales puntos figura la obligación de presentar programas orientados a alcanzar un 80% de trabajadores con residencia en San Juan, priorizando especialmente a quienes viven en los departamentos directamente vinculados con los yacimientos.
A su vez, fija como meta que al menos el 60% del monto anual de las contrataciones de bienes y servicios quede en empresas y pymes radicadas en la provincia, siempre que éstas ofrezcan condiciones competitivas de mercado.
Las empresas deberán actualizar estos planes cada dos años y reportar avances verificables tanto en materia de empleo como de desarrollo de proveedores.
Registro de proveedores y beneficios para quienes cumplan
La ley también crea formalmente el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), una plataforma pública donde únicamente podrán inscribirse empresas que acrediten un arraigo efectivo en la provincia.
Entre los requisitos figuran contar con domicilio operativo en San Juan, tributar localmente y mantener un mínimo del 80% de personal sanjuanino en sus nóminas.
El objetivo es diferenciar a quienes realmente desarrollan actividad económica provincial de aquellos operadores que sólo funcionan como intermediarios.
Además, las compañías mineras deberán publicar con anticipación sus cronogramas de compras y futuras licitaciones para brindar previsibilidad a las pymes y permitirles prepararse técnica y financieramente para competir.
Quienes logren cumplir simultáneamente con las metas del 80% de empleo local y el 60% de compre sanjuanino podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, utilizable para cancelar impuestos provinciales o transferirse a proveedores.
La normativa también incorpora mecanismos de transparencia sobre las adjudicaciones, controles periódicos y un régimen de sanciones que contempla multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias para quienes incumplan las obligaciones previstas.
Desde la Cámara Minera de San Juan respaldaron el espíritu de la iniciativa. "La Cámara Minera de San Juan acompaña el objetivo de generar mayores oportunidades para empresas y trabajadores sanjuaninos vinculados a la actividad minera y de seguir ampliando la participación local en la cadena de valor del sector", señalaron desde la entidad.
Asimismo, destacaron que los mejores resultados suelen alcanzarse cuando se fortalecen las capacidades locales mediante incentivos y mejora de la competitividad.
Vicuña convoca a proveedores para nuevas licitaciones
En paralelo con la aprobación de la ley, Vicuña anunció una nueva Ronda de Negocios presencial destinada a empresas de San Juan interesadas en participar de dos licitaciones estratégicas:
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Distribución eléctrica en 33 kV.
Expansión del sistema eléctrico del Campamento Fase II.
Los encuentros se realizarán el 13 y 14 de julio y estarán orientados especialmente a empresas radicadas en Iglesia, Jáchal y el Gran San Juan, buscando facilitar el contacto directo entre los oferentes principales y potenciales subcontratistas locales.
El formato consistirá en reuniones breves de negocios entre las compañías que participan de las licitaciones y empresas proveedoras de bienes y servicios.
Los rubros convocados incluyen:
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alquiler de oficinas móviles;
materiales eléctricos industriales;
servicios de ingeniería;
alquiler de grupos electrógenos;
transporte de cargas y personal;
alquiler de camionetas;
grúas;
elementos de protección personal;
ferreterías industriales;
higiene y seguridad;
baños móviles.
Las empresas interesadas deberán completar su inscripción antes del 8 de julio, aunque la presentación no garantiza automáticamente un turno, ya que previamente se realizará un proceso de evaluación técnica.
Achilles, el socio estratégico para validar proveedores
Uno de los requisitos centrales para participar será contar con inscripción vigente en Achilles, la plataforma internacional utilizada por Vicuña para la gestión y evaluación de proveedores.
Achilles funciona como un sistema global de inteligencia de cadenas de suministro que permite verificar documentación legal, fiscal, financiera, ambiental y de seguridad de las empresas proveedoras.
Actualmente trabaja con más de 900 organizaciones compradoras y monitorea cerca de 330.000 proveedores distribuidos en más de 140 países.
La plataforma combina procesos de auditoría, verificación documental, monitoreo permanente y análisis de riesgos vinculados con aspectos financieros, ambientales, laborales, derechos humanos, seguridad, cumplimiento normativo y criterios ESG.
Originalmente creada para la industria offshore del petróleo en Noruega, Achilles se transformó con el paso de los años en uno de los principales estándares internacionales utilizados por grandes compañías mineras y energéticas para homologar proveedores.
Para Vicuña, el uso de esta plataforma busca agilizar futuras contrataciones y garantizar que las empresas locales cumplan previamente con los estándares internacionales exigidos por el proyecto.
El antecedente que aceleró el debate
La discusión sobre el compre local tomó fuerza semanas atrás cuando Vicuña adjudicó parte de la construcción de su futuro campamento minero a un consorcio conformado por RAFA S.A. y la empresa china Beijing Chengdong, bajo gestión EPC de PowerChina.
El contrato contempla la construcción de aproximadamente 45.000 metros cuadrados de instalaciones habitacionales, equivalentes a cerca del 25% del futuro campamento.
Según explicó la compañía, RAFA ejecutará las obras civiles, fundaciones y montaje, mientras que la fabricación de los módulos habitacionales estará a cargo de la empresa asiática.
La decisión generó fuertes críticas de distintos sectores industriales nacionales, que sostuvieron que buena parte del valor agregado del contrato quedaría fuera del país.
La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) calificó la adjudicación como "un mazazo para los intereses de los argentinos" y advirtió que este tipo de contrataciones pone en riesgo la licencia social de la industria.
La entidad sostuvo además que "ya no sirve la excusa de que la cadena de valor argentina no está preparada" para afrontar este tipo de obras y cuestionó la importación de módulos completos fabricados en el exterior.
Desde Vicuña respondieron que la propuesta seleccionada fue la que mejor cumplió con los requisitos técnicos, de seguridad, cronograma y costos, y remarcaron que actualmente más del 95% de sus trabajadores son argentinos, mientras que aproximadamente el 73% de sus empleados directos provienen de San Juan.
Un nuevo equilibrio para el cobre argentino
La combinación entre la nueva Ley de Desarrollo Minero Local y las iniciativas que comienzan a desplegar las grandes operadoras refleja uno de los principales desafíos que enfrentará la minería del cobre durante los próximos años: combinar competitividad internacional con un mayor desarrollo de proveedores nacionales.
Con inversiones proyectadas por decenas de miles de millones de dólares para la próxima década, San Juan busca que una parte creciente de ese flujo económico permanezca en la provincia mediante empleo, contratación de empresas locales y fortalecimiento industrial.
En ese escenario, que acaba de inaugurar la provincia.
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