El gobierno puso ayer en duda una denuncia de la Justicia bonaerense que advierte sobre la posible participación de integrantes de las Fuerzas Armadas y del propio Poder Ejecutivo nacional en secuestros extorsivos y homicidios. Lo hicieron a su turno los ministros de Defensa, del Interior, y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
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El de Defensa, José Pampuro, señaló que son «confusos» los datos que aportó la Justicia bonaerense. Pareció molesto por haberse hecho público algo que hasta ahora sólo sirve para el escándalo. En la misma línea, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró llamativo que en la denuncia realizada por la Suprema Corte bonaerense se haya citado como prueba la existencia de «más de tres mil llamados» efectuados por delincuentes a las dependencias oficiales sospechadas. Por su parte, el de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, dijo que la denuncia pública «no tiene peso» jurídico «ni es sustentable» en cuanto a las pruebas. «La investigación surge del seno de la Policía Bonaerense», opinó el ministro, descalificándola, ante la consulta de la prensa sobre el mentado entrecruzamiento de llamadas que vinculó a bandas de delincuentes con sectores militares y del gobierno.
Las llamadas telefónicas tendrían que ver con casos resonantes de secuestros como los de Antonio Echarri, Rubén Astrada, Cristian Riquelme, Pablo Belluscio y Juan Manuel Canillas, entre otros delitos graves.
Pampuro explicó que desde el gobierno se pusieron a trabajar sobre la denuncia, aunque consideró que se trata de datos «muy confusos». Agregó: «Vamos a evacuar todo lo que el procurador está solicitando para esclarecer esta posibilidad, si es real o no, si existe o no. Son datos muy confusos, todos, y va a haber que trabajarlos con mucha precaución para no cometer errores», aseguró el titular de Defensa en el acto de asunción del nuevo funcionario Jaime Garreta (secretario de Asuntos Militares).
Consultado sobre si las llamadas supuestamente realizadas al edificio Libertador significan una relación directa con militares, Pampuro defendió a los integrantes de la fuerza y aseguró: «No me consta que eso sea verdad».
En tanto, Fernández se mostró cauteloso ante el tema, pero planteando también sus dudas. «Hasta ahora, lo único que tenemos es una presentación de esa característica que, utilizado el sistema de entrecruzamientos telefónicos, se puede demostrar que hay llamados efectuados desde la Casa de Gobierno o desde la Comandancia en Jefe, y a gente que está vinculada a secuestros», dijo el ministro.
Por último, Pampuro dejó trascender cierta molestia por el tratamiento que tuvo el tema, instó a investigar con «responsabilidad y sin espectacularidad» y reconoció que le «preocupa» que se haya filtrado a los medios una información considerada como «confidencial». Agregó: «Lo que me parece es que una información que, incluso, en el periódico, sale fotografiada como confidencial, la haya tenido la prensa antes que muchos funcionarios. Es un tema que me preocupa», concluyó. Béliz estimó que «por ahora» la advertencia realizada por el procurador de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo de la Cruz, «no tiene peso para que pueda concluirse que sea sustentable desde el punto de vista jurídico, técnico y judicial».
«Tenemos que ser muy serios y remitirnos a la sustentabilidad técnica de estos informes», opinó Béliz, y agregó: «De los 18 millones de llamados que son los que se han realizado, no hay ningún elemento que determine la solidez de esa denuncia».
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