El gobierno reaccionó anoche ante la ola desvergonzada de piqueteros y sindicalistas sin límites en sus aspiraciones de dominio al ordenar una querella a los activistas que protagonizaron hasta la madrugada de ayer un bochornoso secuestro nada menos que del ministro de Trabajo y un grupo de funcionarios. Carlos Tomada es ya el tercer funcionario privado de su libertad en oficinas públicas que escapan al control de un gobierno que alardea por las radios de no criminalizar la protesta, una suerte de luz verde para el desorden que convierte las calles de Buenos Aires en coto de caza de piqueteros, que cortan cada esquina cuando les viene en gana. Antes ocurrió con Juan González Gaviola en el PAMI y con miembros del Consejo de la Magistratura, a quienes activistas sindicales les arrancaron concesiones salariales sin fondos para pagarlas. En el caso de Tomada, el agravante es que junto con él estuvieron los sindicalistas del empleo público Andrés Rodríguez y Víctor De Gennaro, que sufrieron encierro pero tuvieron un pase especial para retirarse del edificio del Ministerio de Trabajo dejando en cautiverio durante más de siete horas al ministro y los funcionarios, merced a una horda de piqueteros que reclamaba 3 mil planes Jefas y Jefes. Anoche la reacción del gobierno fue saludable al instruir que se querelle a los responsables de esa ordalía piquetera.
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Bastaron 150 militantes de siete clanes ignotos y menores, y algunas cadenas -que usaron para clausurar las puertas de acceso al ministerio- para que el Presidente tuviera una noche de desvelo:
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