La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo régimen penal juvenil, iniciativa que ahora será debatida en el Senado y que reemplaza el esquema de minoridad vigente desde 1980. El proyecto, promovido por Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones, y fija como punto central la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
13 de febrero 2026 - 11:12
Nuevo régimen penal juvenil: qué penas máximas recibirán los condenados y cómo deberán cumplirlas
El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Reemplaza el esquema vigente desde 1980.
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Régimen Penal Juvenil: cómo votó cada bloque la media sanción en Diputados
El nuevo régimen penal juvenil establece distintas penas.
La reforma redefine las penas, los criterios de detención y el tratamiento procesal de adolescentes acusados de delitos, con un sistema que combina sanciones alternativas, límites estrictos a la privación de libertad y nuevas garantías para las víctimas.
Cuáles serán las penas
El texto establece una diferenciación según la gravedad del delito. Cuando el ilícito prevea hasta 3 años de prisión, o incluso hasta 10 años pero sin que haya implicado muerte, violencia física grave o delitos dolosos de especial gravedad, el juez deberá aplicar penas alternativas a la prisión.
Entre las opciones previstas se encuentran:
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Amonestación
Prohibición de contacto con la víctima o su familia
Prohibición de concurrir a determinados lugares
Prohibición de salida del país
Prestación de servicios comunitarios
Monitoreo electrónico
En cambio, la pena privativa de libertad quedará reservada exclusivamente para delitos graves o muy graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros.
El proyecto prohíbe expresamente la reclusión perpetua y la prisión perpetua para adolescentes.
Uno de los puntos centrales es el límite a la duración de las penas. El plazo máximo de prisión será de 15 años, incluso cuando la escala penal aplicable sea superior debido a la acumulación de varios hechos independientes.
De esta manera, aun en concursos reales de delitos, ningún adolescente podrá recibir una condena que supere ese tope.
Alivio y cumplimiento alternativo
El régimen también incorpora un mecanismo de flexibilización. Si el adolescente cumple dos tercios de la condena y se verifican las condiciones previstas en el Código Penal para la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena se cumpla mediante sanciones alternativas a la prisión.
Esto habilita la transición a modalidades como monitoreo electrónico o trabajo comunitario, bajo supervisión judicial.
Institutos especiales de alojamiento y prohibición de convivencia con adultos
La ley dispone que los adolescentes condenados deberán ser alojados en institutos especializados, con personal capacitado en infancia y adolescencia.
Se establece de manera categórica la prohibición de convivencia con personas mayores de edad. Además, los centros deberán garantizar:
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Derecho a la educación
Atención médica
Tratamiento para adicciones cuando corresponda
El objetivo declarado es evitar la reproducción de dinámicas carcelarias adultas y priorizar la reinserción.
Suspensión del juicio y mediación
Para infracciones leves, se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil, siempre con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
La reforma también incorpora un reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas, quienes podrán:
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Ser informadas
Ser escuchadas
Contar con patrocinio jurídico
Recibir asistencia psicológica
Participar en instancias restaurativas
Garantías procesales y asignación presupuestaria
El nuevo régimen dispone que desde el inicio del proceso y hasta su finalización, el adolescente gozará de todas las garantías reconocidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
La asistencia legal deberá ser eficaz e idónea desde el primer momento de la imputación. Para la implementación del sistema se prevé una partida de $23.739.155 millones, de los cuales más de $20.000 millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación.
El oficialismo aclaró que las provincias podrán firmar convenios con el Estado nacional para aportar financiamiento adicional y adaptar sus estructuras.
Con la media sanción ya aprobada, el debate se trasladará al Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley un régimen que redefine la responsabilidad penal juvenil en Argentina, fija límites de condena y modifica de manera sustancial el sistema vigente desde hace más de cuatro décadas.
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