Vialidad Nacional: denuncian que el Gobierno avanza con su cierre, pese al rechazo del Congreso

El gremio de trabajadores viales aseguró que está en marcha una “reorientación institucional” que, en los papeles, representa un abandono en las tareas de ejecución de obras. En paralelo, el Ejecutivo llamó a licitación para concesionar rutas.

El sindicato de trabajadores del organismo se declaró "en estado de alerta" ante recientes cambios en el organigrama. 

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció un “proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento" en la Dirección Nacional de Vialidad a raíz del nuevo organigrama impulsado bajo los lineamientos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pese a que el Congreso rechazó el decreto que disolvía el área. El gremio se declaró el “estado de alerta máxima”. Días atrás, el Gobierno abrió la licitación para privatizar rutas nacionales.

El sindicato denunció que, según un informe interno, el organismo se encuentra en un proceso denominado de “reorientación institucional” que implicará abandonar la ejecución de obras y tareas operativas para ser reconvertida en un ente reducido exclusivamente a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones.

Además, advirtió que el Estado dejará de construir, mantener y conservar las rutas nacionales, consumando “un retiro explícito del Estado de una de sus funciones esenciales, con consecuencias directas sobre millones de usuarios de la red vial”.

Gremio de Vialidad Nacional intimó a Federico Sturzenegger

Por ese motivo, elevaron una intimación formal a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que “se abstengan de adoptar, impulsar, ejecutar o convalidar cualquier medida administrativa, organizativa o funcional que directa o indirectamente tienda a la disolución, vaciamiento, desnaturalización o desaparición de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico y estratégico del Estado Nacional”.

El gremio dejó constancia de que “este tipo de medidas resultan contrarias al interés público, al principio de continuidad del servicio público, al deber de preservación del patrimonio estatal y al mandato constitucional de asegurar la integración territorial y el desarrollo federal, generando graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad vial, especialmente en las regiones más postergadas del país”.

Además, hizo personalmente responsables a los funcionarios mencionados por las consecuencias institucionales, patrimoniales, laborales y sociales que pudieran derivarse de decisiones orientadas al vaciamiento o desaparición de Vialidad Nacional, sin perjuicio de las acciones administrativas, sindicales, judiciales y políticas que ya se encuentran en evaluación.

La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, expresó que el caso de Vialidad "demuestra la violación taxativa, impune y total que tiene el Gobierno de Milei de los poderes del Estado y la Constitución Nacional, desoyendo la imposibilidad de avanzar en la destrucción de Vialidad Nacional, lo hace a través del nuevo organigrama”.

“Esta es la muestra de lo que es este gobierno totalitario que avanza en contra de la democracia. Aunque la Justicia y los legisladores del Congreso le dijeron que no podía destruir la DNV, aun así continúan con acciones administrativas del Poder Ejecutivo”, denunció.

Cabe recordar que el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados y del Senado, rechazó en agosto del año pasado el decreto 461/2025 que determinaba la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

El Gobierno abrió el llamado a licitación para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, autorizó este miércoles el llamado a licitación pública -nacional e internacional- para la concesión de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones para las rutas nacionales. Según se desprende de la Resolución 112/2026 el proceso abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, aunque había sido anticipada por Caputo el martes, en un mensaje en redes sociales, donde señaló que el objetivo es “modernizar” la infraestructura vial.

La licitación se divide en cuatro tramos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país; el Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios.

Las obras alcanzarán a las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008, según precisó Caputo, con el objetivo de reemplazar el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores.

En Entre Ríos analizan el cobro de peajes en rutas provinciales para recaudar fondos para su mantenimiento.

Advierten que casi el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo

Un informe que hizo público la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), al que accedió Ámbito, señala que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, lo que afecta la seguridad de los viajeros y la logística productiva.

La señal de alerta está en consonancia con un reclamo habitual de los gobernadores a la Casa Rosada, cada vez que un mandatario se reúne con algún funcionario de peso.

El documento del FEPEVINA, que preside como secretario general el dirigente Julio Aralde, titulado "Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial", denuncia que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad, por lo que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, al alcanzar las 4.369 muertes.