El Gobierno disolvió la empresa aerocomercial LAFSA, creada en 2003, que demandó un gasto de 250 millones de pesos en sus seis años de vida, aunque no tuvo aviones propios y jamás realizó un viaje.
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La administración de Cristina Kirchner decidió declarar en "estado de disolución y consecuente liquidación" a la empresa Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA).
Se trata de una empresa aerocomercial que había sido creada en 2003 por el entonces presidente Eduardo Duahlde para absorber personal de las desaparecidas LAPA y Dinar.
El 21 de mayo de 2003, cuatro días antes de dejar la presidencia en manos de Néstor Kirchner, Duhalde firmó el decreto 1238 y creó LAFSA con los empleados de LAPA y Dinar.
Según ese decreto, la aerolínea debía ser privatizada en el transcurso de 180 días, pero el kirchnerismo no llamó a licitación para ponerla en manos de empresarios.
La firma alcanzó a tener 1.400 empleados, pero ahora sólo le quedan dos administrativos y un director, además de activos por rematar, como un taller con herramientas, rutas y muebles de oficina.
En principio, Néstor Kirchner apostó a que la empresa funcionara en manos del Estado y pidió a la Secretaría de Transporte que creara una sociedad operativa entre LAFSA y la firma Southern Winds.
La sociedad funcionó con seis aviones, rutas e infraestructura de Southern Winds durante 18 meses y la estatal aportó personal y un tercio del combustible necesario para los viajes.
Pero el hallazgo de droga en un vuelo con destino a Madrid, generó rispideces con el gobierno español y cambió los planes oficiales en Buenos Aires.
Por ese hecho y por la necesidad de decidir el futuro de LAFSA debido a la gran inversión que demandaba mes a mes, el Gobierno decidió deshacer la sociedad entre las firmas en marzo de 2005.
Tras ello, el entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime propuso a Kirchner poner en venta la empresa aerocomercial y se la ofreció en reiteradas oportunidades a LAN, pero la firma chilena no aceptó comprarla.
No obstante, LAN e Intercargo -la firma que se ocupa de subir los contenedores a los aviones- negociaron con el Gobierno argentino y terminaron absorbiendo a unos 853 empleados que mantenía LAFSA.
El Estado siguió pagándole el salario a 547 personas que no prestaban ninguna contraprestación, con sueldos de entre 6 mil y 8 mil pesos mensuales.
En enero de 2007, arrancó el proceso de liquidación tras la renuncia de los gerentes y directores, y la indemnización del resto de los empleados, con la excepción de unos 30 que no aceptaron el retiro.
Se trató de algunos mecánicos y personal de rampa que finalmente fueron negociando su salida con el Gobierno, por lo que LAFSA llegó a noviembre de 2009 sólo con tres empleados.
Dos administrativos y un director mantuvieron sus oficinas en el noveno piso del Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe), dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el barrio porteño de Retiro.
Tras la reestatización de Aerolíneas Argentinas en diciembre de 2008 el Gobierno de Cristina Kirchner descartó la posibilidad de reflotar LAFSA, por lo que decidió su liquidación definitiva.
En enero de este año, la Secretaría de Transporte redactó el decreto que consiguió el dictamen favorable de los ministerios de Economía y Planificación y sólo faltaba la rúbrica de la Presidenta.
El 1 de julio, tras la derrota electoral del oficialismo en las legislativas de junio, Jaime renunció y el Gobierno aplazó los trámites.
Finalmente, el decreto 1672 publicado este viernes en el Boletín Oficial, confirmó la disolución.
La medida lleva la firma de la presidente Cristina Kirchner; del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación, Julio De Vido.
A través del decreto, el Poder Ejecutivo explicó que el proceso de liquidación se desarrollará en el ámbito del Ministerio de Economía, y tendrá un plazo de ejecución de 180 días.
Además, designó al ingeniero José Bidart, quien había ocupado la presidencia de la empresa y es cercano al ministro de Planificación, Julio de Vido, como liquidador de la firma.
Y dispuso que el personal que trabaja en la compañía sea trasladado a distintas dependencias públicas, como la Secretaría de Transporte.
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