Ofrecen a provincias que Nación asuma sus deudas

Intentaba anoche el gobierno mejorar su relación con las provincias, complicada por la necesidad de negociar un nuevo régimen de reparto de impuestos con baja del gasto, condición lógica del FMI para un auxilio ante la crisis. Anoche, los gobernadores discutían los términos de un nuevo acuerdo que tiene un idea original: que la Nación tome a su cargo la deuda de las provincias y que éstas acepten una distribución de todos los impuestos sin piso de garantía. Algo que el FMI propuso y logró hace algún tiempo en Brasil para aliviar de sus deudas a los estados provinciales. Los peronistas cenaron en Olivos y reclaman más: una renegociación de la deuda con los bancos privados similar a la que tuvieron las empresas (1 a 1 y no 1,40, como propone el gobierno para no dar otro subsidio) o reclamos de algunas provincias como San Luis. Este estado tiene sus reservas en el "corralito" y reclama se le devuelvan en dólares, como fueron colocadas en el Banco Nación.

El gobierno avanzó anoche, en una peleada cena-reunión del Presidente y algunos ministros, en una audaz idea para superar la brecha que lo separa de los gobernadores en punto a la exigencia de los organismos internacionales de un inmediato acuerdo para el reparto de impuestos con baja del gasto. La idea es que la Nación directamente asuma como propia la deuda que hoy agobia a todos los Estados provinciales, alrededor de $ 16.300 millones, sin contar la que mantienen con los bancos privados, que es de $ 7.800 millones y sería remitida al mecanismo general de renegociación de la deuda pública.

A cambio de esa nacionalización de los compromisos, las provincias renunciarían al piso de coparticipación y lo recaudado (incluyendo el impuesto al cheque) se distribuiría según los porcentajes establecidos por la ley vigente desde la década de los años '80 (coparticipación secundaria, se llama en la jerga de los expertos).

Nacionalizada la deuda de las provincias, la Nación estaría en condiciones de emitir un bono cupón cero para colocar de manera más o menos forzosa ante los acreedores de la Argentina. Sería un título semejante al usado en el plan Brady que negoció el gobierno de Carlos Menem con la banca internacional.

La idea la negociaron en sedes paralelas los ministros Jorge Remes Lenicov y Rodolfo Gabrielli con técnicos del PJ y la UCR como Rogelio Frigerio III y Raúl Baglini.

Esa idea, según los participantes de esas negociaciones, tiene un antecedente más cercano que el Brady; se usó para descomprimir deudas provinciales en el Brasil cuando negoció su primer acuerdo que cerró en los finales de la década de los años '90. Gerenció esa salida la conocida delegada del FMI Teresa Ter Minassian, una italiana que tuvo departamento en Rio de Janeiro y hoy está en la División de Asuntos Fiscales.

La oferta del gobierno es que a cambio de dejar a las provincias sin deuda y aliviarlas en la reprogramación de sus economías, los gobernadores acepten un reparto de los impuestos, pero sin un piso mínimo de garantía como lo hubo (aunque incumplido) hasta ahora.

La idea era aceptada anoche por los gobernadores de la Alianza en una reunión paralela -y con una cena de urgencia- que mantuvieron con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la Casa de la Provincia del Chubut. De ahí salieron con la idea de que la UCR dará el voto al presupuesto nacional que le reclama Duhalde a cambio de que acepten el acuerdo de coparticipación con una reserva: no hablar aún de baja del gasto provincial. Esto obedece a una hipótesis que le expuso Duhalde a Raúl Alfonsín y los «líderes» que no visitaron en Olivos la noche del martes: con el presupuesto aprobado el gobierno puede obtener ya alguna ayuda externa que le permita mejorar la demanda externa sobre las provincias.

Los aliancistas admitirían que no se reparta todo lo recaudado por impuesto al cheque, algo que no admiten los del PJ, que quieren se reparta todo.

En Olivos, en cambio, las cosas no eran fáciles para el gobierno ante sus correligionarios del peronismo: los delegados de las catorce provincias administradas por el peronismo endurecieron el gesto para discutir mejores condiciones. Mientras los aliancistas se conforman con que el reparto de la coparticipación primaria sea de 40% del total recaudado (incluyendo una parte del impuesto al cheque) los peronistas quieren que se eleve a 44%.

• Nueva ley

Para cualquiera de estas alternativas sería necesaria una nueva ley de coparticipación -una de las exigencias del FMI para sentarse a hablar de cualquier ayuda a la Argentina-. Eduardo Duhalde le expuso a la delegación de provincias que lo visitó anoche en Olivos que necesita sí o sí el voto del peronismo para lograr la ley; por eso parecía dispuesto a ceder a las exigencias que enumeró el documento elaborado por los visitantes en una larga reunión en el Consejo Federal de Inversiones y perfeccionado en la reunión de Economía con Remes y Gabrielli.

La posición del gobierno anoche ofrecía a los gobernadores que por lo menos le acepten el acuerdo de manera transitoria hasta el 31 de diciembre de 2003, una forma de trasladarle al nuevo gobierno que asuma el año que viene un paquete con estas condiciones:

• La Nación propone repartir todos los impuestos, incluyendo el cheque (y salvo aduanas y aportes previsionales) para asegurar el pago en 2002 de 87% del piso acordado en 1999 con De la Rúa-Machinea ($ 1.364 millones por mes para todas las provincias). A eso agregaría un plus de $ 450 millones a lo pagado en 2001. Esa disminución del piso, según el paper que llevó a la cena de anoche el gobierno, la compensa el ahorro de cerca de $ 3.300 millones producido por el canje de deuda.

• Ese canje deuda, según la Nación, se hace mediante la nacionalización de los compromisos contra la renuncia al piso, pesificación 1 a 1,40 más CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) más un interés de 4% anual, 180 días de gracia en capital e intereses, después pago sólo de intereses hasta enero de 2003 y desde enero de 2004 amortización más CER más intereses. La amortización de capital sería mediante un bono a 10 años con 3 de gracia. De ahí surge ese ahorro de $ 3.300 millones del que habla la propuesta.

• El documento dice que con ese acuerdo se produciría la baja del déficit base caja de las provincias en los términos pedidos por el FMI, es decir llevarlo a los $ 1.500 millones para 2002 y el déficit base devengado a $ 600 millones.

• Las provincias peronistas piden una renegociación de deuda en otros términos: 1) 1 a 1 para las locales en dólares; 2) las exteriores en los mismos términos que la de la nación; 3) la que tienen con los organismos internacionales, 1 a 1,40.

• También un reconocimiento de situaciones especiales de cada provincia. Por ejemplo, premiar a las que no renegocian deuda y tiene mejor su tesorería (Santa Cruz, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis). O reconocerles derechos adquiridos a los polémicos convenios de traspaso o de financiación de déficit de las casas de jubilaciones (ver punto 4 del acuerdo que se transcribe aparte).

• Especialísimo interés puso San Luis en que se incluyese el reclamo de que le devuelvan en dólares el depósito de reservas por casi $ 300 millones que tiene cautivo esa provincia en el «corralito» del Banco Nación. No es un depósito, dice la demanda que ayer presentó ante la Corte esa provincia, sino reservas no asignadas y deben quedar afuera de las restricciones como las reservas nacionales. Este punto animará más las relaciones entre el gobierno nacional y la Suprema Corte, que vuelve a ser árbitro de una causa que puede comprometer el programa de Economía para los depósitos.

• ¿Y Buenos Aires? Felipe Solá no estuvo en las reuniones del peronismo de anoche en el CFI. Le cuesta sentarse con sus amigos del PJ porque acusan a Buenos Aires de ser el culpable de la mitad del déficit global de las provincias. A Buenos Aires, además, le hace falta tanta plata que necesita un acuerdo propio. Tanto que anoche ingresó a Olivos con voto ya cantado: está a favor de todo lo que les pida el gobierno a las provincias.