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El congreso del PJ que sesionó en Lanús y dispuso la abstención del partido en las elecciones del 27 de abril les ocasionó a los candidatos un daño de dimensiones: la marca «PJ» es la que más votos retiene, por sí sola, en la política argentina. Se calcula que por lo menos 15% del electorado peronista se inclina por quien aparezca debajo de ese logo, cualquiera sea la identidad del candidato.
¿Podría la Justicia convalidar un acuerdo interno por el cual los tres candidatos se conceden mutuamente el derecho a usar la marca con un aditamento tipo «renovador», «popular» o «laborista»? Es lo que pretenden Rodríguez Saá y Kirchner, quienes no calculan que un tercer partido podría impugnar esa violación a las normas. Se basan en el antecedente de 1958, cuando dos fracciones del radicalismo compitieron con el nombre de UCR, «intransigente» (frondicista) y «del pueblo» (balbinista). La Justicia resolvió mucho después el conflicto por el uso de esa denominación.
Claro que el acuerdo entre estos dos sectores es casi lúdico, porque el que lleva las impugnaciones a nivel judicial, Carlos Menem, junto con su candidato a vice, aclaró que no está dispuesto a negociar ese pleito. Durante la mañana de ayer, el duhaldismo percibió esta negativa y alcanzó, casi a desgano, una alternativa: los apoderados de Menem, que comanda Luis Giacosa, recibieron la oferta de los apoderados de Duhalde, que comanda Jorge Landau, para que se realicen internas pero con el padrón general, es decir, con la intervención de afiliados de otros partidos en la interna del PJ. La respuesta fue obvia: «Eso es inaceptable».
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