Ordenan reabrir causa por asesinato de Rucci

José Ignacio Rucci.

La Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de la causa por el crimen del exsecretario de la CGT José Ignacio Rucci el 25 de septiembre de 1973 que había sido archivada por el juez Ariel Lijo y ahora se citarán testigos, entre ellos ex miembros de Montoneros.

El asesinato del ex secretario de la CGT fue considerado por Lijo como un delito que no era de lesa humanidad y mandó a archivo el caso, medida que la Cámara calificó de "prematura" y ordenó su reapertura.

Así el nuevo giro de la causa contempla que el 6 de mayo declare como testigo citado por el juez Lijo, Carlos Flaskamp, ex oficial montonero que, según acusan la diputada Claudia Rucci y su hermano Aníbal, sería el autor del homicidio.

También prestará testimonio, Ricardo Grassi, periodista que reside en Roma, Italia exdirector entre 1973 y 1975 del semanario El Descamisado, órgano oficial de Montoneros.

Grassi declarará mediante teleconferencia en fecha que aún no fue determinada por el Juzgado.

En tanto Claudia y Aníbal Rucci, patrocinados por el abogado Miguel Ángel Plo, solicitaron que también declaren como testigos, aunque después pueda cambiar la carátula, los exjefes montoneros Mario Firmenich -residente en España-, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, este último actual ministro de Obras Públicas en Río Negro.

Solicitaron además la declaración testimonial de Ernesto Jauretche, secretario bonaerense de Municipios al momento del crimen, en los años 90 funcionario del gobierno de Carlos Menem.

Los hermanos Rucci otorgan importancia a los dichos de Jauretche ya que el departamento que alquilaba en Flores pudo ser utilizado como un sitio clave para la realización del crimen que fue ejecutado a ocho cuadras de esa locación.

En agosto de 2012 el juez Lijo consideró que el crimen había sido perpetrado por Montoneros, aunque argumentó que no podía ser considerado "delito de lesa humanidad" y, en consecuencia, estaba prescripto por el paso del tiempo, pero la Cámara revirtió ese criterio.

Por su parte, sostienen que es delito de lesa humanidad porque hubo participación del Estado ya que el grupo comando y las armas se transportaron en coches oficiales de la gobernación bonaerense que supuestamente habría facilitado Jauretche.

La Cámara Federal revocó por "prematuro" el archivo de la causa y le dijo al juez que "deviene imprescindible la profundización de la pesquisa", para saber si la emboscada pudo haber sido financiada o apoyada desde el gobierno del peronista Oscar Bidegain en la provincia de Buenos Aires.

Rucci, de la centro derecha del peronismo oficialista de aquel momento, fue acribillado a la salida de la casa en avenida Avellaneda 2935, dos días después de que Juan Perón hubiera sido elegido presidente de la Nación por segunda vez.