Otro discurso

Néstor Kirchner se dio el gusto de pocos en la vida política: habló en Gualeguaychú frente a 50.000 personas no convocadas por partidos, ni sindicatos, ni punteros y sin los conocidos micros de transporte encolumnados en las inmediaciones como prueba de arreo más que de vocación por un orador. ¿Usó bien el Presidente tan espontánea y por ende valiosa tribuna? Fue moderado -también los gobernadores Cobos y Busti- y eso no es poco frente a un problema grave, de largo plazo -si no es permanente- con un país vecino tan cercano históricamente como Uruguay.

No ofendió, no embretó más a un complicado mandatario uruguayo. Pero Kirchner desperdició la oportunidad de ubicar en el sitial de mayor impacto el drama de las papeleras. De paso silenciar a propagandistas internos del interés extranjero en este tema.

El presidente argentino se movió en Gualeguaychú frente a una muchedumbre políticamente neutral como lo hace con habitualidad en lo interno, sin el agrado de la iracundia. Centró en exceso el problema en que Uruguay violó el tratado firmado sobre el aprovechamiento del río Uruguay. Sin duda lo violó y en demasiados artículos. Sin duda, también, la Corte Internacional de La Haya tendrá que darle algún día la razón a la Argentina en la disputa allí planteada pero el discurso presidencial no debió parecerse tanto a los internos, por caso desde el Salón Blanco de la Casa Rosada con público favorable y trasladado. Kirchner sigue con su problema de creer que lo valorarán siempre sólo en función de la comparación con los males de sus contrincantes en los que siempre escarba: el desastre administrativo bonaerense que cometió Eduardo Duhalde, que Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa tuvieron que dejar truncos sus mandatos por ineficientes, que Carlos Menem no se atrevió a ir a una segunda vuelta electoral.

La tribuna de Gualeguaychú no exigía tanto citar la violación uruguaya de un tratado conjunto de ambos países sobre un río. Por lo menos requería también que Kirchner dijera que a ningún presidente de la Nación -en realidad de ningún país- se le puede exigir que deje abandonado a un sector de la población -en este caso entrerriano- si existe amenaza de pérdida de salud, así sea por el dióxido de cloro de las papeleras de Fray Bentos, por un brote de gripe aviaria, por una inundación zonal o por lo que fuera. Allí tapaba la boca de los lobbiados por empresas extranjeras para atacar al gobierno. También a quienes lo acusaban de politizar el acto y el drama de Entre Ríos si no bastara con que la intervención del Poder Ejecutivo Nacional siempre nacionaliza automáticamente un acto.

Al levantarse los cortes de rutas que paralizaban los puentes Uruguay queda más en evidencia de que unilateralmente autorizó a empresas que van a contaminar a 250.000 personas en parte de su país, alrededor de Fray Bentos, pero también del lado argentino que no puede quedar sometido a esa opción de inversiones o vida con empresas contaminantes. Es indudable que empresas como la finlandesa Botnia van a seguir construyendo su planta, la más contaminante y aprobada irregularmente su instalación allí, hasta irritar a los entrerrianos para que vuelvan a los cortes. Dado los valores en juego asombra la frialdad con la que Botnia opera en este conflicto cuando toda su actuación, desde la autorización, es irregular.

Es probable que si no puede demorar un fallo del Tribunal de La Haya, que debe suponer adverso, Uruguay enfrente su acatamiento contra toda su tradición jurídica histórica, recordada como estrictamente rígida durante la Segunda Guerra Mundial o realmente neutral en el conflicto argentino-británico de Malvinas. Por eso hubiera correspondido que el discurso del presidente Kirchner hiciera también referencia a que la Argentina ha sufrido en el pasado, ha desfarrado su territorio, pero ha acatado los fallos internacionales, por ejemplo el del Canal de Beagle, que de tres islas en discusión, el arbitraje se las concedió todas a Chile que tuvo así salida al Atlántico.

Las papeleras es la gran discusión internacional que tendrá la Argentina en adelante. El precio del gas que pretende Bolivia le permite lucirse al primer mandatario argentino como mediador porque en el peor de los aumentos del fluido boliviano -que dicho sea de paso, todos consideran merecido en buena parte, aunque a la Argentina le disparará el que cobran las provincias poseedoras de recursos gasíferos y petroleros- es de alrededor de 100 millones de dólares, ingravitante para un país saturado de subsidios internos mucho más elevados. Para Brasil es un poco más problema pero tampoco decisivo. Si separar Botnia y dejar a ENCE de un polo celulósico tan contaminante es casi la única solución que se vislumbra, le puede costar a la Argentina y Uruguay mucho más caro que la pretensión del boliviano Evo Morales.