La diputada neokirchnerista Graciela Camaño presentó ayer un proyecto de ley en el Congreso nacional que no será tratado hasta después de las próximas elecciones presidenciales pero que propone una veda de encuestas 15 días antes de cada elección con multas millonarias para quien lo viole.
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Entre las arengas de los candidatos sobre su aumento en intención de voto para el 28, y las siempre cuestionadas encuestas que indirectamente manipulan al electorado nacional, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados propuso un proyecto que fundiría actualmente a más de uno.
«Se sancionará con multa de $ 100 mil a $ 10 millones a quien desde los 15 días anteriores a la fecha de unos comicios o consulta popular, y hasta dos horas después de finalizados los mismos, publique o divulgue por cualquier medio, los resultados totales o parciales emergentes de los sondeos de opinión», señala el artículo de la iniciativa de Camaño.
La sorpresiva propuesta (teniendo en cuenta que proviene de las filas del oficialismo, que es el que más se encarga de difundir encuestas con gran antelación) fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Comunicaciones de la Cámara baja.
El motivo que plantea la esposa de Luis Barrionuevo ante esta presentación es que «todas las fuerzas electorales contendientes deberían tener asegurada la igualdad en la contienda electoral, principio que sin dudas se ve lastimado cuando advertimos la desigualdad entre las distintas fuerzas que intervienen en la lucha por el poder constitucional».
La ley actual sostiene que las encuestas sólo pueden ser difundidas hasta dos días antes de cada elección y hasta su total cierre, siendo multados con cifras que van de $ 10 mil a $ 100 mil aquellos que violen esa norma.
Sin embargo, como tantas otras leyes, ésta en especial jamás se cumple.
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